La muerte de dos jóvenes a manos de dos inmigrantes con órdenes de expulsión desató hoy la polémica en el Congreso, donde la oposición republicana cuestionó las políticas migratorias del Gobierno y los tratados sobre deportaciones con países como Haití.
“He perdido la oportunidad de acompañar a mi hija en el día de su boda y de consentir a los hijos que ella quería tener”, lamentó hoy en una audiencia del Comité de Control de la Cámara de Representantes Scott Root, padre de Sarah Rae-Ann Root, una joven de 21 años atropellada mortalmente en Nebraska por un indocumentado hondureño.
El inmigrante que mató a Sarah en enero se llama Edwin G.Mejia, tiene 19 años, estuvo detenido por conducir ebrio y causar el accidente en el que falleció Sarah Root, pero posteriormente fue puesto en libertad condicional y aparentemente se fugó a Honduras para evitar un juicio.
Con un crespón azul sobre una camiseta negra, el padre de Sarah Root describió el horror que sintió la familia cuando recibieron una llamada el 31 de enero y tuvieron que ir a un hospital a reconocer el cadáver de su hija, con múltiples contusiones y a la que reconocieron por un tatuaje.
“Su muerte podría haberse evitado y no tendría que haber ocurrido si no fuese por las políticas fallidas del Gobierno del presidente, Barack Obama”, consideró Root, que se ha convertido en una de las caras más visibles de ciudadanos contra las políticas migratorias del Gobierno.
Para las autoridades migratorias de EEUU, es una prioridad deportar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que han cruzado de forma ilegal la frontera, así como expulsar a los inmigrantes que -independientemente de su estatus legal- han cometido un crimen en Estados Unidos.
No obstante, según incidió hoy durante la audiencia la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Sarah Saldaña, las autoridades migratorias se topan en ocasiones con países que se niegan “sistemáticamente” a recibir las deportaciones.
Entonces, los inmigrantes con antecedentes penales quedan en libertad de acuerdo con la ley, que establece un tiempo máximo en el que los individuos pueden permanecer bajo custodia.
“Algo hay que hacer para arreglar este horrible problema”, dijo hoy durante la audiencia del Comité Wendy Hartling, madre de Casey Chadwick, una joven que en junio del año pasado fue acuchillada hasta la muerte y luego encerrada en un armario por un inmigrante con antecedentes.
El inmigrante, llamado Jean Jacques, fue condenado en 1996 por asesinato, cumplió una pena de 16 años de prisión en Connecticut y después las autoridades migratorias lo liberaron, en vez de expulsarlo a su país de origen, Haití.
Esta circunstancia llevó a los legisladores republicanos, encabezados por el congresista Jason Chaffetz, a cuestionar los tratados sobre deportaciones entre EEUU y otros países, como Haití.
“Creo que los ciudadanos estadounidenses deben de ser nuestra prioridad número uno, tal vez no deberíamos dar ayuda federal o visados a los países que no cumplen con los tratados”, consideró Chaffetz, que el año pasado presentó su candidatura para presidir la Cámara Baja tras la renuncia de John Boehner.
Frente a los reproches de los republicanos, el legislador demócrata Elijah Cummings pidió que la audiencia sirviera para realizar cambios y no solo para alimentar la retórica de Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana, que quiere construir un muro entre EEUU y México para taponar la inmigración ilegal.
“Debemos trabajar juntos para rechazar la retórica racista y trabajar para hacer nuestras comunidades más seguras”, afirmó el afroamericano Cummings, el legislador demócrata de mayor rango del Comité de Control de la Cámara de Representantes. La liberación de inmigrantes con antecedentes penales ha descendido en los últimos años, según destacó hoy Saldaña.
En el año fiscal 2013 (del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013), el ICE liberó a 36.007 inmigrantes con antecedentes y órdenes pendientes de deportación, mientras que en el año fiscal de 2014 ese número descendió hasta 30.558, lo que representa un 15 % menos. En el año fiscal 2015, el número de inmigrantes ha caído hasta los 19.723, un 30% menos que en el año fiscal anterior.