Donald Trump ha decidido jugarse la carta final para intentar salvar su veto a la entrada de emigrantes de seis países de mayoría musulmana y de refugiados. El Departamento de Justicia ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de EE UU, que desbloquee la orden ejecutiva que emitió Trump para implementar el veto migratorio y cuya suspensión refrendó la semana pasada una corte de apelaciones al detectar en su iniciativa, motivada según él presidente por cuestiones de seguridad, “un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación” por razones religiosas.
El veto migratorio está dirigido a los ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán. Establece que durante 90 días no podrán entrar a EE UU emigrantes de esos países. También paraliza por 120 días el programa de acogida a refugiados. Estos periodos de restricción de acceso serían necesarios según Trump para analizar en detalle los riesgos potenciales de terrorismo proveniente de naciones de mayoría musulmana y ajustar la estrategia de control migratorio. Esta fue una de las promesas de Trump durante la campaña a la presidencia.
“Hemos pedido al Tribunal Supremo que tome este importante caso y estamos confiados en que el decreto del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo”, afirmó una portavoz del Departamento de Justicia después de presentar la solicitud al Tribunal Supremo. También le han pedido que se levante otro bloqueo impuesto al mismo veto por un juez federal de Hawai.
Trump firmó su primer veto migratorio el 27 de enero, que también incluía Irak, pero quedó bloqueado por el poder judicial tras días de manifestaciones en aeropuertos estadounidenses de ciudadanos solidarios con los emigrantes y refugiados afectados por la orden. La segunda orden, la que ahora intenta la Administación Trump que sea rescatada por el Supremo, la rubricó el seis de marzo pero diez días después fue rechazada por dos jueces federales.
El Gobierno necesitaría que al menos cinco de los nueve magistrados que forman el Tribunal Supremo votasen a favor de su petición. El proceso de revisión y veredicto podría tardar meses.