El expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo recibió el jueves el beneficio de la prisión domiciliaria y en la misma jornada se instalará en su domicilio particular, dijo a The Associated Press su abogada Karen Pintos.
Figueredo estaba internado en un sanatorio, convaleciente de una operación oncológica. “Estuvo internado unas dos semanas y hoy también recibió el alta médica”, dijo Pintos. La decisión fue tomada por la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos, la misma que procesó con prisión a Figueredo por los delitos de estafa y lavado de dinero. La ley uruguaya establece que todo preso mayor de 70 años puede recibir ese beneficio.
De los Santos fundamentó su decisión en el dictamen de un médico forense que examinó a Figueredo, de 84 años, y recomendó la prisión domiciliaria, aduciendo que por las dolencias del procesado no puede permanecer recluido en un centro carcelario: atraviesa fase pos operatoria, tiene sondas vesicales y un cuadro de hipertensión arterial, explicó el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat.
Durante los interrogatorios que le practicó la jueza, Figueredo admitió haber recibido millonarios sobornos de las empresas que usufructuaban los derechos televisivos de la Conmebol. Figueredo llegó a Uruguay luego de que la justicia de Suiza aceptara un pedido de extradición y le diera prioridad respecto a un reclamo similar de Estados Unidos.
El caso en Uruguay comenzó con una denuncia penal que presentaron clubes y el sindicato de jugadores profesionales, que acusaron a la Conmebol de haber desestimado ofertas de empresas que pagarían más por la transmisión de los torneos continentales Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Fabián Pumar, secretario general del sindicato de futbolistas, dijo a la AP en 2014 que “entre 2011 y 2013 los jugadores uruguayos que actuaron en torneos continentales dejaron de ganar más de cuatro millones de dólares por las decisiones arbitrarias de Conmebol”.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Figueredo de crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero por su participación en la trama de sobornos a cambio de los derechos comerciales de torneos, incluyendo la Copa América. Esos delitos conllevan una pena máxima de 20 años de cárcel. También lo acusó de mentir al “declarar que sufría de demencia severa” para no someterse a pruebas de civismo y de inglés cuando recibió la ciudadanía estadounidense en 2006.