Miles de opositores venezolanos exigieron ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que acelere el proceso de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien les auguró el fracaso al encabezar una concentración paralela de sus seguidores.
Con escudos antimotines, las fuerzas de seguridad impidieron a los manifestantes llegar a la sede del CNE en Caracas con barricadas en las rutas. En un sector lanzaron gas lacrimógeno que alcanzó al líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles, dispersando la marcha en la capital.
“El pueblo quiere cambio, sus trampas sólo fortalecen nuestra determinación”, expresó Capriles, quien encabezó la marcha en Caracas, portando una bandera de Venezuela. En otras zonas del país, las autoridades también bloquearon las vías hacia las oficinas regionales del ente electoral.
Un 68% de los venezolanos está a favor de que Maduro deje el poder, y 84% estima negativa la situación del país, según una encuesta de la firma Venebarómetro.
Vivir con la inflación más alta del mundo (180.9% en 2015), una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y con cortes de luz por una crisis eléctrica ha aumentado el malestar popular en este país petrolero de 30 millones de habitantes.
Ayer, una multitud saqueó un mercado en la ciudad de Maracay. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social contabilizó 107 saqueos y conatos de saqueo en el primer trimestre del año.
EXTENDERÁ SUS PODERES
Por su parte, Maduro anunció ayer que en los próximos días renovará un decreto de emergencia económica que dictó el 14 de enero pasado por 60 días, y que extendió por un periodo igual en marzo.
Con ello, gobernará por decreto en materia económica en lo que resta de 2016 para intentar enfrentar la aguda crisis que ha acentuado la escasez de alimentos y medicinas.
Maduro aseguró que la “prioridad” de su gobierno es la “superación de la emergencia económica”, por lo que llamó a no distraerse en las intenciones de la oposición de sacarlo del poder mediante un referendo revocatorio.
Para ser aplicado, el decreto de emergencia debía ser convalidado por la Asamblea Nacional, que se negó en marzo pasado. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de estar al servicio de Maduro, validó la medida.
