El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la revolución bolivariana suma y sigue: ya van 38 sentencias en 2016 contra la Asamblea Nacional y contra la oposición. La última decisión, conocida hoy, ordena a los diputados “abstenerse de continuar” el “inconstitucional, nulo e inexistente” juicio político contra Nicolás Maduro.
La Sala Constitucional del Supremo admitió, como era de esperar, el recurso interpuesto la semana pasada por el Procurador General del Estado, Reinaldo Muñoz. El TSJ prohíbe al Parlamento “cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución”.
“¡Excelente, bueno el sistema constitucional, funcionando muy pero que muy muy muy bien!”, se congratuló el ‘hijo de Chávez’ al recibir la noticia mientras pinchaba canciones en su programa ‘La Hora de la Salsa’.
La Asamblea decidió suspender el proceso del juicio político a Maduro durante la tregua de 10 días solicitada por el Vaticano antes de la sesión plenaria del diálogo, celebrada en Caracas el fin de semana pasado. Simón Calzadilla, vicepresidente de la Asamblea declaró: “Nicolás torpedea el diálogo con estas acciones. Está engañando al Papa y a la comunidad internacional”. Entre los acuerdos alcanzados tras esa minicumbre destaca el reconocimiento de la Asamblea, que pasaría por la suspensión del desacato dictado por el Supremo hace dos meses, en su sentencia 808. Para el poder judicial, todos los actos del poder legislativo son “absolutamente nulos y carentes de vigencia y eficacia jurídica”.
Algo que parece de complicada marcha atrás, tras denunciar Henry Ramos Allup, presidente legislativo, que la nueva sentencia es “absolutamente nula” y que el procurador Muñoz, es “chimbo” [gastado por el uso]. La oposición insiste en que el demandante ocupa su cargo de forma ilegal, ya que no ha sido ratificado por el propio Parlamento.
La mayoría parlamentaria discute estos días cómo retomar el juicio político contra Maduro, una vez acabada la tregua bendecida por el Papa.
Blanca Mármol de León, magistrada del Supremo que fue jubilada a la fuerza por el chavismo, ha matizado que al primer mandatario “sí se le puede hacer un juicio político, pero eso no llevará a su sustitución. Es una sanción moral que se merece con creces, por su ineptitud para gobernar”.
El chavismo ha atacado con todos sus poderes a la Asamblea desde el primer día de su toma de posesión en enero. El Supremo ha sido su principal ariete, pero también ha sufrido la asfixia económica impuesta por Maduro, incluidos cortes eléctricos, y el hostigamiento permanente de grupos radicales, que culminaron con la toma violenta del Palacio Legislativo en octubre.