Tegucigalpa.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), puso en marcha la Operación “Medusa”, con la que se ejecutan capturas a miembros de la Carrera Judicial y Fiscal vinculados a múltiples delitos.
En ese sentido, se dio captura a la Juez con Jurisdicción Nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, contra quien se declaró Ha Lugar el Antejuicio promovido en el sonado caso “Shalom”, por los delitos Prevaricato y Abuso de Autoridad, al favorecer mediante resoluciones judiciales a familiares del entonces Vicepresidente del Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, ya condenados por vínculos con criminalidad organizada.
Asimismo, se aprehendió a la Fiscal de Delitos Comunes de La Ceiba, Yasmín Zamara Dubón, por suponerla responsable de los delitos de Fraude y Abandono del Cargo, al comprobarse que, pese a que ésta fue contratada por el Ministerio Público en junio de 2015, la ahora procesada continuó durante 10 meses subsiguientes gozando y haciendo uso de su salario como Escribiente II del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, lugar donde desempeñaba con anterioridad.
Por otra parte, se capturó al Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Herlon David Menjívar Navarro, a quien se le supone responsable de tres delitos de Cohecho en Concurso Real, tras determinarse que el ahora encausado, actuando como Juez Ejecutor en una Demanda Contra el Estado, recibió varios cheques por cuantiosas sumas de dinero (Lps. 350,000.00) por parte del demandante para beneficio propio.
Finalmente, la ATIC detuvo a las funcionarias de la Unidad de Programas Especiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yenny Petra Seidel y Adela Elizabeth Sánchez, acusadas por el delito de Destrucción de Documentos a la Custodia de un Funcionario Público, luego que las imputadas quemaran toda la documentación soporte de su administración de la Escuela Judicial, constituida en órdenes de compra, cheques originales, facturas, recibos y liquidaciones, del periodo 2010-2015, para borrar evidencia de su gestión en el manejo de fondos.
El Ministerio Publico quiere destacar la actitud objetiva, imparcial y diligente del juez que conoce la causa, lo cual demuestra lo que muy acertadamente se ha dicho “Los jueces honestos, independientes, imparciales, que aman su función, son garantía para los ciudadanos y pilar del Estado de Derecho”.