Encarcelado desde el pasado 8 de enero, El Chapo Guzmán ha pedido a sus abogados que agilicen los trámites para iniciar su extradición a Estados Unidos. La camisa de fuerza que el Gobierno le ha puesto a Joaquín Guzmán le incomoda. El escurridizo líder del cartel de Sinaloa asegura sufrir un ataque repentino de claustrofobia. Su abogado, José Refugio, dice que le ha pedido que negocie un pacto con EE UU: “Es posible llegar a un acuerdo allá. Buscaríamos negociar la pena para que fuera mínima y que no fuera encerrado en una cárcel de máxima seguridad”.
Acostumbrado a la vida en el monte, rodeado de gallinas y vacas, o a casas confortables como en la que lo atraparon la última vez, con televisión por cable y comida china a domicilio, la cárcel del Altiplano es un lugar sombrío para El Chapo. Uno de sus abogados, José Refugio, lo describe por teléfono como un preso inquieto y febril, “abatido”, que no aguanta el encierro. En un acto desesperado, dice que le ha pedido que negocie un pacto con Estados Unidos, un lugar donde, a priori, no quiere poner un pie ningún narcotraficante. El proceso de extradición, pese a todo, necesita del visto bueno del Gobierno mexicano.
Refugio no puede ejercer en el país vecino, por lo que dice estar buscando un colega que pueda ocuparse del caso al otro lado de la frontera. El proceso, indica, empezará la próxima semana. Sobre el líder del cartel de Sinaloa pesan dos órdenes de extradición, una proveniente de una corte del sur California y otra de un tribunal del oeste de Texas. Lo buscan por homicidio, delitos contra la salud, tráfico de armas y asociación delictiva, suficiente para que pudiera ser condenado a cadena perpetua en el caso de que el jurado lo encontrara culpable. Sin embargo, el abogado cree que cooperando con la justicia (“si fuera en realidad responsable de esos delitos”, matiza) a cambio podría obtener algunos beneficios, como no ser recluido en una Supermax, las inflexibles prisiones de alta seguridad de EE UU, y tener una fecha concreta de liberación, por muy lejana que sea.
En caso de seguir esta vía, el Chapo emprendería un proceso similar al de Osiel Cárdenas, el líder del cartel del Golfo que fue sentenciado en Houston a 25 años de prisión, en un juicio casi secreto celebrado en 2010. El capo que creó Los Zetas, el grupo de soldados de élite desertores que después sembraría el terror en México, enfrentó cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y amenazas a agentes federales. Según su ficha carcelaria, el hombre al que apodaban el Mata-amigos por haber asesinado a su socio más cercano, saldrá libre en 2025.
El funcionario mexicano que se ocupa de que El Chapo no vuelva a escaparse es Renato Sales. El comisionado Nacional de Seguridad, poeta y jugador de ajedrez, aseguró esta semana que no se están violando sus derechos, como viene denunciado la madre de dos de sus hijos, Emma Coronel. Sales justificó el estrecho marcaje y la vigilancia durante las 24 horas que realizan los carceleros sobre un preso que se ha fugado en dos ocasiones, la última de esta misma prisión en la que está recluido. “Por sentido común está sujeto a medidas especiales”, argumentó.
Tras ser detenido el 8 de enero en Los Mochis, Sinaloa, después de un periodo de seis meses de evasión que aprovechó para dar una entrevista al actor Sean Peann o conocer en persona a la actriz Kate del Castillo, el narcotraficante ingresó otra vez al Altiplano. Allí le esperaba un régimen férreo. Cámaras de seguridad, sensores térmicos a cada paso que da, perros que prueban su comida y guardias que a su vez son vigilados por otros guardias. Un Gran Hermano que, en teoría, le imposibilita escuchar narcocorridos en la radio, tener un iPad o esperar pacientemente durante meses a que su gente construya un túnel, toda una obra de alta ingeniería, por el que huya subido a una moto que camina por raíles, como ocurrió la otra vez. Esta vez parece no haber posibilidades de fuga.
El enclaustramiento ha alarmado a los suyos. Emma Coronel sostiene que en la celda no tiene privacidad para ir al baño y que los vigilantes le despiertan cada poco tiempo, lo que según ella podría provocarle un infarto. Además, cree que existe un complot para asesinarle. El abogado dice estar preparado para iniciar la negociación con Estados Unidos, aunque muestra reticencias: “Evidentemente tendríamos que llegar a un buen acuerdo. No llevarlo de Guatemala a Guatepeor”.