El chavismo reaccionó con indignación tras hacerse públicas las sanciones de Departamento del Tesoro contra ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a que estas sólo afectan a su patrimonio en EEUU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que saque “sus manos” de su país, y afirmó que “ya basta de intervencionismo imperialista”.
“Saca tus manos de aquí Donald Trump. Go home, Donald Trump, fuera Donald Trump de Venezuela”, afirmó Maduro durante un acto en el palacio de Miraflores, sede de Gobierno, transmitido en cadena de radio y televisión.
“Saca tus manos cochinas de aquí, ya basta de intervencionismo imperialista”, insistió en medio de aplausos.
El gobernante cuestionó a la oposición venezolana e indicó que “ahora se han hecho borregos de Donald Trump”.
“Son los borreguitos, títeres del nefasto Gobierno que preside los Estados Unidos”, dijo Maduro, que tildó al Ejecutivo estadounidense de “xenófobo” y que “desprecia a América Latina”.
A juicio del jefe de Estado venezolano, Trump “se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela”.
“Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana”, subrayó, e indicó que “a Venezuela se respeta carajo”
“Unilaterales y extraterritoriales”, se quejó la cancillería venezolana antes de que el propio presidente del TSJ, Maikel Moreno, asegurara hoy que “EEUU intenta coaccionar la conciencia del Supremo”.
Moreno, quien hace años contrajo matrimonio con una ciudadana cubanoamericana en Florida, aseguró que la sanción viola sus derechos fundamentales, por lo que realizó un llamamiento a organismos judiciales del mundo para que les apoyasen.
El presidente del TSJ y los siete magistrados de la Sala Constitucional conforman el martillo judicial dispuesto por el chavismo para neutralizar al Parlamento y a la oposición.
Una oposición, en cambio, que aplaudió el castigo de Washington. Ya son 35 los funcionarios chavistas que sufren medidas económicas.
“Moreno tendrá que rendir cuentas sobre lo que tiene en EEUU, comprado con dinero de los venezolanos”, acusó el gobernador Henrique Capriles.
La polémica internacional saltó cuando todavía el país vive en medio de las protestas opositoras contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuya represión brutal se ha cobrado tres vidas en las últimas horas.
La Fiscalía ha ordenado investigar los hechos que en Maracaibo acabaron con la vida de Paul Moreno (24 años), paramédico de la Cruz Verde que en el momento de ser arrollado por un vehículo atendía a manifestantes heridos Testigos presenciales aseguran que la camioneta circulaba sin placas, por lo que pertenecería a un organismo de Inteligencia o Seguridad.
Moreno fue velado hoy por sus compañeros, conocidos como ‘los ángeles de las protestas’, ya que realizan los primeros auxilios a los miles de heridos y asfixiados de la represión policial, incluidos los propios agentes.
El segundo joven asesinado es Daniel Rodríguez (18 años), quien recibió un disparo de bala en la cabeza durante las protestas y disturbios en Santa Ana, municipio de Táchira.
Este estado fronterizo con Colombia se encuentra militarizado, tras ordenar el Gobierno el envío de 2.000 guardias nacionales y 600 tropas especiales, que de momento no han evitado las acciones violentas de los paramilitares chavistas, acusados por la oposición de cometer este último crimen.
También hoy se ha conocido la muerte de Jorge Escandón, policía regional de Carabobo, quien hace días recibió un disparo en la cabeza mientras se enfrentaba con manifestantes en ese estado. Néstor Reverol, ministro de Interior, acusó a un “francotirador” de ser el victimario del agente.
De esta forma se elevan a 48 las víctimas mortales del conflicto, según los datos de la Fiscalía, y a 58, según las investigaciones del independiente Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social.
Las muertes se van sumando pese al estupor nacional, así como las violaciones a los derechos humanos.
La penúltima tiene a Freddy González, de 11 años, como protagonista. El niño de la etnia ‘wayuu’ recibe tratamiento por las quemaduras de primer y segundo grado que le infligieron varios guardias nacionales en Maracaibo, que también son investigadas por la Fiscalía.
“Corrí muy rápido pero yo no hice nada, me quedé parado. Allí me agarraron, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba (lacrimógena) en la espalda. Fueron los guardias nacionales”, relató el niño en presencia del enviado del Ministerio Público.