A la justicia argentina se le acumula el trabajo. No hay día que pase sin que aparezca un nuevo indicio sobre casos de corrupción durante la etapa kirchnerista. Un juez federal ha abierto hoy una nueva investigación contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. La ex mandataria ya está involucrada en otro presunto caso de corrupción. Pero ésta es la primera vez que su hijo Máximo Kirchner, diputado del peronista Frente para la Victoria (FpV), se ve inmerso en la ofensiva judicial contra el kirchnerismo emprendida por un grupo de jueces y fiscales con el visto bueno del Gobierno conservador de Mauricio Macri.
La nueva denuncia contra los Kirchner fue presentada por una diputada de la oposición, Margarita Stolbizer, y admitida a trámite por el juez Claudio Bonadio, la “bestia negra” de Cristina Kirchner en los tribunales. Bonadio es el mismo magistrado que tomó declaración a la ex presidenta argentina hace dos semanas por una causa relacionada con una polémica decisión económica (la venta de dólares a futuro) aprobada durante los últimos meses de su mandato, que expiró en diciembre pasado.
La justicia también investiga a la ex mandataria por la causa conocida como “La ruta del dinero K”, un caso que ha llevado ya a prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, el constructor más beneficiado por concesiones de obra pública durante los doce años de gobiernos kirchneristas.
Pero la causa abierta ahora contra los Kirchner es mucho más preocupante para la ex familia presidencial. El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación, va a indagar si Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionistas de la empresa Los Sauces S.A., cometieron un delito al alquilar inmuebles a compañías de empresarios cercanos al kirchnerismo, como Báez o Cristóbal López, conocido popularmente como el “zar del juego”. Sin operaciones hasta 2008, la empresa de repente comenzó a registrar millonarias entradas en sus balances a partir del año siguiente. Para la diputada denunciante, esa significativa variación contable, con varios inmuebles alquilados, es la prueba de las irregularidades cometidas y de la supuesta devolución de favores por parte de los hombres de negocios favorecidos por el Gobierno de Kirchner.
Cristina Kirchner renunció a finales del año pasado a presentarse a cargos públicos y a conservar fueros especiales para blindarseeventualmente frente a la acción de la justicia. Su primera comparecencia ante los tribunales hace dos semanas fue toda una demostración de maestría política al convertir la cita en un acto de masas en el que reunió a miles de seguidores y relanzó su figura pública tras cuatro meses de silencio.
En el caso de Máximo Kirchner, de 39 años, su condición de diputado nacional le otorga la condición de aforado. El primogénito de Cristina y Néstor Kirchner (el ex presidente fallecido en 2010) es el jefe político de ‘La Cámpora’, la asociación que representa al núcleo duro del kirchnerismo.
El Gobierno de Macri, que ha visto con buenos ojos el ingreso en la cárcel de Báez y del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, involucrados en sendos casos de corrupción que han conmocionado a la opinión pública, no ha ocultado sin embargo su preocupación por el futuro judicial de los Kirchner.
Antes de la primera comparecencia judicial de Cristina Kirchner, los “camporistas” habían empapelado las calles de Buenos Aires con un mensaje inquietante: “Si la tocan a Cristina…”. Si la justicia avanza contra los Kirchner y los sienta en el banquillo, la Casa Rosada teme que estalle un conflicto social en un momento muy delicado para Macri, con una parte de la sociedad muy descontenta con los duros ajustes económicos aprobados por su Gobierno desde que llegó al poder a finales del año pasado.
