El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega consideró como “oficiosas” las versiones que han divulgado distintos medios locales sobre la adquisición de tanques rusos, mientras que algunos sectores consideran como una orden para silenciar a los detractores.
Mediante un comunicado, la presidencia consideró como “declaraciones oficiosas, atribuidas en Medios de Comunicación, a personas que no son portavoces de temas especializados”.
Advirtió que “la Comunicación Oficial sobre Asuntos de Seguridad Nacional, solo corresponde a las instituciones competentes”, por tanto “cualquier otra versión o comentario, no refleja la realidad o conocimiento alguno sobre estos temas”.
Añade que solo el presidente de la República y el Ejército de Nicaragua están facultados para abordar temas de seguridad nacional con el sentido de realidad y seriedad que corresponden.
Considera como irresponsable e imprudente pronunciarse sobre versiones periodísticas, pues ese no es el estilo del gobierno del excombatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Así descalifica a quienes comentan temas que no son de su competencia, al tiempo que se prestan al juego de agendas mediáticas interesadas. Para especialistas en temas bélicos, se trata de una amenaza para la libertad de expresión.
El experto en temas de seguridad, Roberto Orozco, explicó a medios nicaragüenses que “es una respuesta materializada de las leyes más duras que tiene este país en defensa de la seguridad”.
“Lo que quieren decir es que la única opinión autorizada en esa materia es el gobierno y nada más, donde el Ejército militariza la seguridad y se convierte en la institución principal para ejercer seguridad en este país.
Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP), se mostró sorprendida y afirmó que es la primera vez que escucha declaraciones en ese tono.
La polémica se armó luego que la agencia de noticias oficialista rusa RIA Novosti informará el lunes pasado que Rusia enviará a Nicaragua 50 tanques T-72B1 a un costo cercano a 80 millones de dólares como parte de la cooperación técnico-militar entre ambos países.
