LOS ÁNGELES.- Una jueza federal estadunidense rechazó este lunes un pedido del gobierno del presidente Donald Trump de alterar un acuerdo histórico que fija varias obligaciones a autoridades de inmigración, con lo que se pretendía ampliar los plazos de detención de los niños que ingresaron al país sin documentos.
La jueza Dolly Gee, de la Corte Federal para el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, calificó de “torturante” el argumento legal del gobierno de Trump para dejar a un lado el denominado Acuerdo Flores, pactado en 1997, que dictamina que los niños no deben pasar más de 20 días en detención migratoria.
Los demandados intentan aligerar el Acuerdo Flores y pedirle a este Tribunal que ponga fin al acuerdo de las partes por mandato judicial”, escribió Gee en su dictamen.
Es evidente que la solicitud de los demandados es un intento cínico de transferir la responsabilidad al Poder Judicial por más de 20 años de inacción del Congreso y acción ejecutiva mal considerada que han llevado al estancamiento actual”, señaló.
El fallo de la jueza establece que algunas familias migrantes podrían ser detenidas juntas por más de 20 días, si los padres otorgan su consentimiento, pero que sin ese consentimiento las autoridades migratorias deben liberar a los niños.
Luego de una ola de protestas, el presidente Trump emitió el pasado 20 de junio una orden ejecutiva para prohibir la separación de los niños de sus padres que sean detenidos en la frontera como consecuencia de su política de tolerancia cero, que ordena enjuiciar a todo adulto que ingrese sin documentos a Estados Unidos.
Como parte de la orden ejecutiva, Trump pidió al Departamento de Justicia que solicitara “rápidamente” a la Corte Federal una modificación del Acuerdo Flores, para permitir un nuevo enfoque de detención de niños junto con sus padres por mayor tiempo.
El Acuerdo Flores requiere que el gobierno federal libere a los niños de la detención migratoria sin demoras innecesarias y, en orden de preferencia, colocarlos con los padres, otros parientes adultos o programas autorizados que estén dispuestos a aceptar la custodia.
El acuerdo establece que, si no hay una ubicación adecuada disponible de inmediato, el gobierno está obligado a colocar a los niños en el entorno “menos restrictivo” apropiado para su edad y necesidades especiales.
Precisa también que el gobierno debe activar estándares relacionados con la atención y el tratamiento de los niños en detención migratoria.
