La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a revisar un pedido del Gobierno de Barack Obama de revisar su plan para evitar la deportación de millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, un caso por el que los magistrados se mostraron divididos 4-4 en junio.
En un breve dictamen, el tribunal rechazó la solicitud del Gobierno, lo que implica que la decisión de los jueces emitida el 23 de junio es final.
Aquel fallo mantuvo la vigencia del dictamen de una corte de menor rango que había bloqueado el plan, el cual fue anunciado por Obama en el 2014 pero nunca llegó a ser implementado.
La Corte Suprema aún no ha llenado el puesto dejado por Antonin Scalia tras su fallecimiento en febrero.
El plan de Obama buscaba permitir que más de 4 millones de personas – que residían ilegalmente en Estados Unidos al menos desde el 2010, no presentaban antecedentes criminales y tenían hijos que eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes – ingresaran en un programa que los protegía de la deportación y recibieran permisos de trabajo.
En un recurso presentado en julio, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema revisar nuevamente el caso una vez que contara con la presencia de los nueve magistrados de la instancia.
Pero en una situación con pocos precedentes en la historia de Estados Unidos, el Senado apoyado por republicanos se niega a considerar al nominado de Obama para reemplazar a Scalia, el juez federal de apelaciones Merrick Garland, bajo el argumento de que el sucesor del presidente debería hacer el nombramiento.
INTENTO FALLIDO
En noviembre del 2014, Obama actuó unilateramente al emitir un decreto para implementar su plan más reciente sobre los casos bajo riesgo de deportación.
El mandatario intentó sin éxito durante su gestión reformar el sistema de inmigración estadunidense, a fin de resolver la situación de más de 11 millones de indocumentados en el país.
Como resultado del dictamen de junio de la Corte Suprema que quedó en 4 jueces a favor y 4 en contra, el fallo de un tribunal menor emitido en 2015 mantuvo su vigencia, invalidando el plan del presidente demócrata para frenar las deportaciones.