Tegucigalpa – La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), urgieron en las últimas horas a aprobar las reformas al Código Penal y otras leyes con el fin de endurecer las penas contra las personas que participan en el delito de la extorsión y otras formas de crimen organizado.
En ese sentido, el titular del Poder Legislativo, declaró que este jueves que valora mucho la petición de la Confraternidad Evangélica y del Observatorio de la Violencia de la UNAH, para se aprueben las reformas enviadas por el Poder Ejecutivo, al tiempo que indicó que la comisión dictaminadora nombrada para discutir y analizar el proyecto, ha efectuado un excelente trabajo por lo que se espera que la próxima semana o más tardar a mediados de febrero puedan ser aprobadas en el pleno de la Cámara Legislativa.
Sin embargo, Oliva aclaró que ese es un tema que se someterá a debate y que se agendarà con la brevedad del caso, pero la aprobación depende del pleno de diputados de todos los partidos políticos, pero considera que existe consenso con la mayoría de los parlamentarios.
En una carta abierta de la Confraternidad Evangélica de Honduras enviada al Congreso Nacional, manifestó la necesidad de aprobar las reformas al Código Penal con endurecimiento de penas por crímenes.
El documento cita la petición que: “Ante el evidente incremento de nuevas modalidades de asesinato, crueles y despiadadas que van desde decapitaciones hasta desmembramientos, ejecutadas por personas deshumanizadas, sin temor a Dios ni amor al prójimo, la Confraternidad Evangélica de Honduras, solicita a los honorables diputados del Congreso Nacional que emitan leyes que contengan penas severas que se apliquen sin excepción a todo aquél que se le compruebe su participación intelectual o material en los horrendos crímenes que actualmente aterrorizan a la población hondureña”.
En la carta abierta, piden a los diputados que consideren las consecuencias negativas que esos hechos sangrientos dejan como resultado la desintegración y destrucción de las familias por la pérdida de sus seres queridos, migración de hombres, mujeres y niños hacia otros países tratando de salvar sus vidas, el debilitamiento de la economía nacional por cierre de negocios, o temor para abrir nuevos, ocasionados por la extorsión practicada por grupos delincuenciales.
De igual manera, la baja participación de inversión extranjera por los altos niveles de inseguridad y la pérdida de la libertad de movilización y la paz de la ciudadanía honrada que sufre el terror de ser víctima, aun en sus propios hogares.
Por su parte, la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, Migdonia Ayestas, urgió al Congreso Nacional para que se aprueben las reformas planteadas al Código Penal al tiempo que refirió que es necesario comenzar a castigar verdaderamente a las personas que cometan delitos específicos, por lo que dichas reformas son fundamentales.
Ayestas detalló que el aumento de las penas no es la solución para bajar los índices de inseguridad en el país porque a la hora de juzgar a una persona salen libres, sino que es necesario que haya una verdadera investigación científica criminal que ayude obtener pruebas que le sirvan al juez para enviar a los criminales a las cárceles.
La entrevistada agregó que en el pasado había jueces ligados al crimen organizado por lo que es importante que las autoridades del Poder Judicial inicien una depuración en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar que los delincuentes salgan libres.
