La prohibición del burkini en varias playas francesas, muy criticada en Francia y en el extranjero, será examinada este jueves por la más alta instancia administrativa del país, el Consejo de Estado.
Los tres jueces que componen el organismo deben pronunciarse en las próximas 48 horas sobre este último episodio dentro del recurrente debate sobre el lugar del islam en Francia y fijar un marco legal sobre el uso de esta prenda.
El primer ministro francés, Manuel Valls, que apoyó públicamente a los alcaldes que habían prohibido el burkini en nombre de la preservación del orden público, declaró el jueves por la mañana a los medios BFMTV y a RCM que “todo lo que pueda presentarse como una estigmatización, una voluntad de ir contra el islam, es evidentemente condenable”.
“No estamos en guerra contra el islam”, insistió Valls, señalando que la República “protegerá” a los musulmanes “contra las discriminaciones” que puedan sufrir.
Pese a ello, consideró que “el burkini es un símbolo de proselitismo religioso que encierra a la mujer”.
Por su parte, la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem declaró a la radio Europe 1 que “la proliferación” de ordenanzas contra el burkini no era “bienvenida” y aseguró que se trata de un “deriva política” que “libera el discurso racista”.
“Esas ordenanzas no son una deriva”, discrepó Valls. “Son una mala interpretación de las cosas. Esas ordenanzas han sido emitidas en nombre del orden público”, agregó.
La Liga de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Islamofobia (CCIF) recurrieron al Consejo tras una enésima ordenanza municipal contra el burkini en una localidad de la Costa Azul (sureste), que decidió prohibirlo a semejanza de otra treintena de ciudades costeras francesas en respeto de “las buenas costumbres y el laicismo”.
La ordenanza en cuestión no utilizaba el término “burkini” pero apunta a esa vestimenta de baño islámica que cubre el cuerpo del cabello a los tobillos.
El texto fue validado por un tribunal administrativo local, que consideró la prohibición “necesaria, adaptada y proporcionada” para evitar problemas de orden público tras los últimos atentados en Francia, entre ellos el de Niza el 14 de julio, que dejó 86 muertos.
La justicia local señaló que este tipo de atuendo podía “verse como un desafío o una provocación exacerbando las tensiones ya presentes entre la población”.
Esta nueva normativa “contribuye a legitimar a quienes ven a los franceses musulmanes como un cuerpo extranjero, exterior a la nación”, afirmó la LDH a mediados de agosto.
La controversia volvió a estallar esta semana, después de que una mujer de 34 años que no llevaba el burkini, sino un velo, una túnica y leggings en la playa, fuera multada y obligada a quitarse la túnica.
Ahora el Consejo de Estado tiene la última palabra sobre si las municipalidades tienen derecho a emplear a la policía en estos menesteres para “garantizar el orden, la seguridad y la salubridad pública”.
