Un juez federal mexicano consideró “procedente la extradición” del narcotraficante el ‘Chapo’ Guzmán, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por estar sujeto a un proceso ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, por el cargo de asociación delictiva “para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla”.
La opinión, emitida la semana pasada y publicada en la tarde del lunes aproxima a Guzmán a la extradición, aunque este es un proceso complejo que podría no resolverse hasta dentro de “año, año y medio”, dijo el abogado Samuel González, experto en procedimientos trasnacionales.
Ahora lo que procede es que la Cancillería decida, en un plazo de 20 días hábiles, si extradita o no al líder del cártel de Sinaloa, una resolución en la que no se pronunciará sobre “la culpabilidad o inocencia del reclamado en los delitos que le son imputados en otro país”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En un comunicado, aclaró que “únicamente se verificará que se cumplan los requisitos del Tratado Bilateral aplicable para la procedencia o no de la petición”, de acuerdo con el marco jurídico constitucional del país, con respeto a los derechos humanos y en seguimiento a los principios de política exterior.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció en enero pasado que su país trabajaba para agilizar el proceso de extradición del capo. Una vez que la Cancillería avale la extradición, la defensa tendrá un plazo de 30 días para interponer un amparo. Este recurso puede ser contra la fundamentación y motivación de la decisión judicial o contra la inconstitucionalidad de la ley o el tratado de extradición.
“Ese proceso es bastante complejo, puede llevar unos tres o cuatro meses” desde que se interpone el amparo, explicó González. Una vez resuelto el amparo, Guzmán tiene derecho a una revisión de este, la cual podría llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se encuentran puntos de constitucionalidad.
En suma, se está ante un escenario de “un año, año y medio”, acotó el letrado, remarcando que “no hay ningún atajo” para que pudiera producirse una “extradición exprés”, una figura que en México no es posible.
El único camino posible para que fuera trasladado a Estados Unidos en un menor plazo de tiempo sería que “Chapo” acepte la extradición, tras llegar a un acuerdo, o no, con el país vecino. El sinaloense, que siempre se mostró reticente ante una posible extradición, ahora está “abierto” a la posibilidad de que esta suceda, afirmaron dos de los abogados del narcotraficante el pasado sábado.
“Su deseo es permanecer en México, ser juzgado por leyes y jueces mexicanos”, pero “no descarta una posibilidad de hacer una negociación ante el Gobierno” estadounidense, precisó el letrado Juan Pablo Badillo.
Aún no hay fechas
La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, rechazó hoy fijar una fecha para la extradición del narcotraficante mexicano. “No puedo darles una fecha o una predicción sobre cuándo se producirá”, dijo Lynch en una rueda de prensa en el Departamento de Justicia de EE. UU.
Ni siquiera una resolución final de este caso a favor de la defensa zanjaría de manera definitiva el paradero del capo. La de California es solo la primera solicitud remitida a México por Estados Unidos, donde el ‘Chapo’ enfrenta numerosos cargos.
Esta fue turnada a México el 25 de julio de 2015, días después de que el capo se escapara del penal del Altiplano, en el central Estado de México, a través de un túnel que partía de la ducha de su celda. El pasado 3 de septiembre, México recibió una segunda solicitud de extradición, proveniente de una corte texana, por delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
Por otra parte, una fuente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo que la defensa del ‘Chapo’ promovió el sábado un amparo ante una posible extradición, tras el sorpresivo traslado de Guzmán a un penal de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuhaua, desde la cárcel del Altiplano, donde se encontraba desde su recaptura el 8 de enero.
El Gobierno mexicano explicó el sábado que el traslado se llevó a cabo por obras para reforzar la seguridad en el Altiplano y a una rotación de reos.
Esta medida preventiva puesta en marcha por la defensa previsiblemente será echada atrás, como ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando un juez sobreseyó otro amparo interpuesto por los abogados porque no había entonces una orden de extradición en su contra, recordó González.
