Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos habrían violado sus propias normas al decir a parte de las 121 mujeres y niños centroamericanos que arrestaron en redadas el mes pasado que no tenían derecho legal a apelar sus deportaciones, según denuncian varias de las mujeres y sus abogados.
WASHINGTON, 12 (Reuters/EP)
Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos habrían violado sus propias normas al decir a parte de las 121 mujeres y niños centroamericanos que arrestaron en redadas el mes pasado que no tenían derecho legal a apelar sus deportaciones, según denuncian varias de las mujeres y sus abogados.
La acusación se centra en las redadas del 2 al 4 de enero, la primera operación a gran escala del Gobierno de Estados Unidos desde mediados del 2014 para deportar a cientos de familias que cruzaron ilegalmente la frontera sur del país.
Cuatro de las mujeres –tres de ellas en declaraciones presentadas a Reuters a través de sus abogados y una, en una entrevista con la agencia– han asegurado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las indujeron a error sobre su derecho a una asesoría legal mientras estuvieron detenidas en Dilley, Texas.
El ICE, que supervisa las operaciones de deportación, negó que sus funcionarios dijeran a las mujeres que no tenían derecho a presentar una apelación legal a sus casos.
“A su llegada al centro en Dilley los agentes del ICE entregaron a los residentes que llegaban un aviso de su derecho a asesoría legal”, ha asegurado el portavoz del servicio Carl Rusnok. “Todos los residentes en cuestión tuvieron la oportunidad de reunirse con un asesor legal”, ha agregado.
Según la ley de Estados Unidos, los inmigrantes tienen garantizado el acceso a un abogado, incluso después de que hayan recibido una orden de deportación. En la práctica, muchos no pueden pagarse un abogado o deben esperar mucho tiempo para acceder a uno que no cobre por sus servicios.
Funcionarios de Estados Unidos dicen que las redadas de enero buscaban enviar un mensaje de disuasión a las familias centroamericanas, para evitar que se repitiera la crisis del 2014 en la que decenas de miles de inmigrantes de la región cruzaron la frontera con México.
Algunas de las mujeres detenidas en enero podrían tener sólidos fundamentos para solicitar asilo, debido a que huían de la violencia en Centroamérica, según ha explicado Ian Philabaum, coordinador del CARA Family Detention Pro Bono Project, un grupo de abogados integrado por cuatro grupos de activistas en favor de los inmigrantes.
Cecillia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ha explicado a Reuters que el grupo de promoción de los derechos legales civiles está evaluando presentar una demanda contra el Gobierno por el tratamiento legal dado a las familias.
