– Justicia, Fiscalía y Gobierno deben poner a su disposición recursos humanos y darle libre acceso a documentos y archivos para ejercer su labor.

– El acuerdo será enviado al Congreso Nacional para los “fines pertinentes”, destaca el protocolo suscrito.

El documento que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), suscrito la mañana de este martes en Washington, le otorga poderes extraordinarios al recién nacido ente y deja sin oportunidad de maniobra al Estado de Honduras, ya que la misión amenaza con retirarse si no son atendidas sus peticiones.

Las tareas de la misión son la “Prevención y combate a la corrupción”, “reforma a la justicia penal”, “reforma política-electoral” y “seguridad pública”.

Para ello la MACCIH contará con “jueces y fiscales internacionales (que) supervisarán las labores y brindarán apoyo técnico” a las entidades judiciales hondureñas e igualmente propondrá “reformas legales e institucionales al sistema anticorrupción de Honduras, incluyendo al sector privado”.

En las reformas penal, electoral y de seguridad, la Misión apoyará planes de acción y asesorará las reformas que se necesitan en esos ámbitos.

El grupo contará con una Unidad de acompañamiento y supervisión que tendrá a su cargo “seleccionar y conformar un grupo de jueces, fiscales, policías, especialistas forenses internacionales de renombre y profesionales nacionales” para” acompañar, asesorar, supervisar y/o evaluar a las autoridades competentes del Estado de Honduras”, de manera que obtengan información e investiguen casos de corrupción y tengan un sistema certificado.

También asesorarán técnicamente, además de “supervisar, evaluar y colaborar activamente con un grupo de jueces que conocen de casusas de corrupción, fiscales y especialistas forenses del Ministerio Público a fin que investiguen “casos de corrupción y redes de corrupción”.

Pero la MACCIH, entre sus atribuciones, tiene la potestad de “asesorar técnicamente, supervisar y/o evaluar al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, la Dirección de Investigación de la Policía de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Inspectoría de Tribunales, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y otras entidades del Estado de Honduras, responsables de la prevención y el combate contra la corrupción y la impunidad”, según destaca el apartado 3.1.1.3, del acurdo firmado en Washington.

Además tendrá la Misión la potestad de ”seleccionar, certificar, asesorar, supervisar y evaluar un grupo de jueces que conocen de las causas de corrupción y fiscales del Ministerio Público, que por delegación del Fiscal General recaben información y ejerzan la acción penal pública contra casos de corrupción y redes de corrupción”, de acuerdo a la sección 3.1.1.6. del referido documento.

Las instituciones estarán obligadas a nombrar a los jueces, policías y fiscales previamente seleccionados por la MACCIH.

En el referido documento el Estado, por medio de “el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad dispondrán el nombramiento de los jueces, fiscales, policías, investigadores, forenses y especialistas que sean necesarios, quienes serán seleccionados, evaluados, supervisados y certificados con base en el protocolo acordado por LAS PARTES”.

Asimismo, en el protocolo se establece que el secretario general de la OEA podrá retirar a la MACCIH si el gobierno hondureño no coopera en el cumplimiento del acuerdo o bien carece de financiamiento externo.