La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, aprobó ayer por la noche una ley de amnistía para presos políticos, en un debate en el que el chavismo reiteró que bloqueará su aplicación por considerar que dejará impunes violaciones de derechos humanos.
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, declaró aprobado el proyecto tras su segunda discusión, entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de la bancada opositora, y el rechazo airado de la minoría oficialista.
“Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y de conformidad con la Constitución se ordena su remisión al Ejecutivo nacional, al ciudadano Presidente constitucional de la República para su promulgación”, agregó Ramos Allup
“Esta ley pretende sentar las bases para la reconciliación nacional”, afirmó la diputada Delsa Solórzano, promotora de la iniciativa, durante el debate en el que fueron votados uno a uno 29 artículos.
La normativa pretende sacar de la cárcel a unos 76 “presos políticos” y a centenares de “perseguidos y exiliados” por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, dijo Solórzano.
Sin embargo, el presidente socialista Nicolás Maduro advirtió en una alocución transmitida en cadena nacional y en paralelo al debate parlamentario que vetará la normativa.
“Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán. Hagan lo que hagan”, aseguró el mandatario.
Juristas dudan de que la ley se pueda hacer efectiva, dado que Maduro podría enviarla a revisión del Tribunal Supremo de Justicia, al que la oposición acusa de ser el “bufete jurídico” del chavismo.
El jueves pasado, Ramos Allup dijo que el gobierno de Maduro “cocina” una sentencia para declarar inconstitucional la ley de amnistía que ya había sido aprobada el 16 de febrero pasado en primera discusión por la mayoría opositora.
La amnistía se aprueba dos años después de la detención del opositor Leopoldo López, condenado en septiembre a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro.