Hoy Nicaragua enfrenta una polémica contienda electoral, en la que el presidente Daniel Ortega lleva la delantera para extender su dominio por tercera vez consecutiva.

Primero como jefe de gobierno de la revolución sandinista y luego como presidente, tuvo las riendas del país entre 1979 y 1990. Pero volvió al poder en 2006. Un polémico fallo judicial lo habilitó para postularse a la reelección en 2011, pese a que estaba prohibido, y tres años después el Parlamento –dominado por su partido– dio luz verde a la reelección presidencial indefinida con una enmienda constitucional, y lo más probable es que continúe hasta 2021, pues todos los sondeos le dan una victoria cómoda.

Esto, debido en parte al crecimiento que ha tenido el país, el segundo más pobre del continente, en los últimos años. Según datos oficiales, entre 2007 y el primer semestre de 2016, Nicaragua recibió casi 4.800 millones de dólares en préstamos blandos e inversiones de Venezuela, que fueron manejados fuera del presupuesto y sin fiscalización.

La mayor parte del dinero fue invertido en proyectos de energía, desarrollo del comercio, grupos empresariales, agricultura, construcción de viviendas y programas sociales que permitieron al país reducir la pobreza de 42,5% a 29,6% entre 2009 y 2014. Pero la crisis política y los bajos precios del petróleo golpearon los flujos de cooperación y el comercio con Venezuela, que hasta 2015 era el segundo socio en importancia de Nicaragua después de Estados Unidos.

Sin embargo, dentro de lo que eclipsa todo ello están denuncias de fraude, autoritarismo y corrupción.

La oposición ha exhortado a los nicaragüenses a abstenerse de votar para impedir que Ortega, quien controla todo el aparato estatal, instaure una nueva dinastía en el país, tras padecer la de la familia Somoza, (1934-1979), debido a su larga presidencia y que ahora quien lo acompaña en la boleta es su esposa, Rosario Murillo, mujer influyente en la política local y en su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en los últimos años.

La intención es “mostrar públicamente que no hay credibilidad en el proceso, que ha estado maleado desde todo punto de vista”, dijo el analista Cirilo Otero, profesor de Sociología de la U. Centroamericana.

Los otros cinco candidatos presidenciales, de pequeños partidos derechistas, están muy lejos del 69,8% de intención de voto de Ortega, según la última encuesta de la firma M&R.

“La verdadera oposición a Ortega no está representada en esa boleta”, indicó a BBC Mundo Ana Margarita Vijil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista.

Además, Ortega “se enfrenta a un posible desconocimiento de los resultados” electorales por parte de la comunidad internacional y sanciones económicas de EE.UU. que perjudicarían al país”, advirtió el exdiplomático Roger Guevara.

La OEA desde octubre hace gestiones diplomáticas con el Gobierno para promover el respeto al orden democrático y estará presente en Managua durante la votación, pero no como observadores, según anunció el mismo organismo al diario nicaragüense La Prensa.

Este rotativo es uno de los que apoyan llamar ‘farsa’ a los comicios, debido a que según especialistas, no se cumplen las recomendaciones de organismos de observación electoral nacional e internacional, una sentencia de la Corte Suprema anuló a la segunda fuerza política opositora de las elecciones, los magistrados del Consejo Supremo Electoral han sido denunciados de cometer fraude electoral desde las elecciones municipales de 2008, y sus miembros son militantes del FSLN. Además del apoyo estatal a Ortega.

Una antigua compañera de lucha de la pareja gobernante, la escritora nicaragüense Gioconda Belli, actualmente opositora al Gobierno, comenta que tanto Ortega como Murillo “son maquiavélicos en el sentido de que (para ellos) el fin justifica los medios”. (I)

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En los últimos días los candidatos que participan en las elecciones y grupos de oposición excluidos de los comicios hacen esfuerzos para convocar a los internautas a votar o abstenerse en la elección. Facebook y Twitter, las más populares en el país, estaban inundadas con encuestas, afiches, símbolos partidarios, etiquetas e instructivos de contenido proselitista.