Este domingo (16.10.2016), cientos de personas marcharon en Nicaragua para manifestar su descontento con lo que describen como un “circo electoral”, haciendo referencia a los comicios generales del 6 de noviembre, en los que el presidente, Daniel Ortega, aspira a su cuarto mandato, el tercero en forma consecutiva.

En esta oportunidad, su esposa, Rosario Murillo, aspira a la vicepresidencia. Los críticos del Gobierno sostienen que desde 2008 el Consejo Supremo Electoral (CSE) beneficia al oficialismo cada vez que se llama a votar.

Esa acusación se hizo más vehemente después de que se suprimieron las misiones de observación de los comicios y se neutralizó legalmente al principal grupo opositor, que reclamaba “elecciones libres y transparentes”. En julio de 2016, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió a dirigentes opositores nicaragüenses excluidos de participar en los comicios electorales por maniobras judiciales promovidas por grupos afines al Gobierno de Ortega.

“Por la democracia y la dignidad electoral” y “Yo no boto mi voto” fueron algunas de las consignas más recurrentes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, y en Jinotepe, a unos 60 kilómetros de la capital, Managua. Organizaciones opositoras exigen la suspensión de los comicios mediante los cuales se elije al presidente, al vicepresidente, a noventa legisladores para la Asamblea Nacional y a veinte diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los diferentes grupos opositores de Nicaragua convocaron a una “abstención activa”, que consiste en que la población no solamente se abstenga de participar en las elecciones, sino también exprese por qué lo hace. Mientras tanto, el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaban instalar una “mesa de conversación e intercambio constructivo” para analizar conjuntamente el proceso electoral en marcha en el país centroamericano. Así lo informó este domingo (16.10.2016) la secretaría de ese organismo.

Almagro envió un informe al Gobierno de Nicaragua “ponderando los hechos” sobre el actual proceso electoral. Tras recibir el informe, el Gobierno nicaragüense mostró “disposición” a colaborar con la Secretaría General de la OEA para estudiar juntos los temas relacionados. No se dieron a conocer detalles de los plazos. No todos han recibido esa noticia con optimismo: la oposición venezolana lleva años protestando por la falta de independencia de los poderes públicos –incluida la máxima autoridad electoral, dominada por fichas del oficialismo– sin que ni la OEA ni ninguna otra instancia internacional haya podido influir para que se corrija esa violación del Estado de derecho.

América Latina, con 51 periodistas asesinados en 2014-2015, es la segunda región más peligrosa del mundo para los periodistas, detrás de los países árabes, indica un informe de la Unesco publicado este miércoles.

En total 115 periodistas murieron en todo el mundo, especialmente en los países árabes (78), sobre todo en los conflictos de Siria, Irak, Yemen y Libia. “Los medios y la libertad de expresión están en estado de sitio”, advierte la Unesco en un informe publicado con motivo de la Jornada internacional del fin de la impunidad en los crímenes contra los periodistas.

Francia, tras el ataque contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo (8 periodistas muertos) se coloca en tercera posición detrás de Siria (13 reporteros muertos) e Irak (10). Le siguen Brasil, México y Sudán del Sur, con siete reporteros muertos en el ejercicio de su profesión. India, Libia y Filipinas presentan cada uno un balance de seis periodistas muertos.

Desde 2006, año en que la Unesco comenzó a publicar este informe cada dos años, la institución registró la muerte de 827 periodistas, es decir uno cada cinco días. Sólo 2012 fue más mortífera que 2015, con 124 periodistas muertos.

La televisión es por primera vez el medio más afectado, con 35 muertos en 2014 y también en 2015. En 2015, particularmente en Siria, 21 periodistas que trabajaban para sitios en internet perecieron en 2015.

La Unesco advierte igualmente que, si bien la muerte de un corresponsal extranjero causa mucho revuelo, un 95% de los periodistas mueren en su propio país.

El organismo contabiliza en su balance todos los periodistas muertos, presumiendo que fueron víctimas de su profesión, quedando a cargo de las autoridades nacionales la tarea de demostrar que no fallecieron a causa de ésta, precisó un vocero.

La cifra de 67 periodistas muertos en 2015, establecida por Reporteros Sin Fronteras (RSF), sólo incluye a los profesionales muertos en el ejercicio del periodismo, precisó la oenegé.

Los ataques contra los periodistas siguen globalmente impunes en un 92% de casos y menos de un caso de periodista muerto sobre diez da lugar a juicio ante un tribunal nacional, destaca igualmente la Unesco. “Consecuencia: los criminales pueden deducir que, pase lo que pase, escaparán a la justicia”, deplora igualmente la agencia de la ONU para la educación y la cultura.

Destaca sin embargo que los países en los que se registran muertes de periodistas han sido más proclives a responder a encuestas que hace dos años. De 62 países interrogados, 40 respondieron a cuestionarios de la Unesco, contra 16 respuestas para 59 países concernidos en el informe anterior.

Agentes fiscales registran este miércoles la Casa Presidencial de Guatemala en busca de documentos por un caso de lavado de dinero, informó el Ministerio Público (MP).

La portavoz del MP, Julia Barrera, se limitó a confirmar a periodistas la diligencia judicial y dijo que es por una investigación en curso de la Fiscalía de Lavado de Dinero, con la finalidad de secuestrar documentos.

De momento se desconocen más detalles del allanamiento, porque según Barrera, “el caso está bajo reserva”.

Según reporta el diario ‘La Hora’ de Guatemala la vocera de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) Julia Barrera, dijo que el allanamiento está relacionado a una investigación en curso, sin embargo dijo que no podía dar más detalles debido a que el caso está en reserva.

Por su parte Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, también indicó que no darán más detalles debido a que solicitó al Juzgado Undécimo la reserva del caso.

Orlando Ramírez, jefe interino de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, indicó que en efecto se intentó hacer una diligencia en casa presidencial pero que los fiscales “tenían una dirección equivocada” por lo que ellos ya se retiraron.

No obstante, fuentes de Casa Presidencial indicaron que el allanamiento si si está llevando a cabo y que aún continúa.

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