Este miércoles cuando se cumple un mes de la realización del plebiscito por la paz en el cual una leve mayoría de colombianos rechazó el acuerdo final de paz alcanzado con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos anunció ante el parlamento británico – en su histórica visita de Estado al Reino Unido – que el nuevo acuerdo de paz al que lleguen las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana será implementado a través del Congreso, lo que descartaría de tajo un nuevo plebiscito para refrendar dicho acuerdo.

“Hemos logrado avanzar y en futuro muy próximo tendremos un acuerdo (…) Yo tendré la facultad de implementarlo a través del Congreso”, aseveró el mandatario ante decenas de inversionistas.

Aunque no lo expresó directamente el jefe de Estado, de cumplir su palabra sobre implementar los acuerdos vía Congreso se saltaría el paso de la realización de un plebiscito pues de ser aprobado el texto completo por los congresistas de esta forma se estarían refrendando los acuerdos.

De hecho, así lo confirmó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano,quien acompaña al jefe de Estado en su viaje por el Reino Unido y que no ocultó su sorpresa ante el anuncio público que hizo el mandatario pues según él no lo habían conversado anteriormente. 

“Así fue como lo propusimos hace dos semanas en Bogotá. El Congreso mantiene sus facultades intactas y si decide implementar los acuerdos pues se estarían refrendando, es una especie de refrendación – implementación y el Congreso está dispuesto a asumir esta responsabilidad”.

Lizcano celebró la “sabia decisión” del mandatario porque “el escenario de hacer un plebiscito sería un desgaste y tomaría más del tiempo que se necesita para implementar los acuerdos”, agregó.

El anuncio del mandatario sorprende pues hace tan sólo días había expresado que aún no estaba descartada la opción de refrendar los acuerdos a través de otro plebiscito.

Dame lo mío y toma lo tuyo. La oposición de Venezuela respondió este martes al gesto de las autoridades chavistas de excarcelar a seis presos políticos con la suspensión “por unos días” del proyectado juicio político que tenía previsto iniciar el Parlamento, dominado por la oposición, contra el presidente Nicolás Maduro.

El cambio en el orden del día fue propuesto por el diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). A la salida de la sesión, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, informó que la caminata convocada para el jueves 3, que pretendía llegar al palacio presidencial de Miraflores también ha sido suspendida a petición de la Conferencia Episcopal Venezolana.

El papel de la Iglesia ha sido capital para desactivar esa bomba de tiempo que suponía la escalada del conflicto en Venezuela. Y así lo reconoció Borges en su planteamiento a la plenaria “El Vaticano ha pedido unos días”, aseguró. La Iglesia tiene el crédito unánime de ambos bandos y no es un asunto menor. Sólo su incorporación al diálogo en Venezuela, cuyas gestiones inició en abril una terna de expresidentes iberoamericanos, incluido el español José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de Unasur, ha cambiado el fatal destino augurado en los días previos.

Los representantes de la alianza de partidos opositores en la recién estrenada mesa de diálogo saludaron las excarcelaciones, pero las consideran insuficientes. Por eso el jefe del grupo parlamentario de la MUD anunció cinco puntos para que la oposición continúe presente en las conversaciones: la liberación de los presos políticos en Venezuela “plena y sin condiciones”; que el Parlamento recupere su función de control presupuestario que ha restringido el Tribunal Supremo; que el Gobierno acepte la ayuda humanitaria para que desaparezcan las enormes filas para adquirir medicinas o alimentos básicos; que se elija una nueva terna del Consejo Nacional Electoral “que no le robe a la gente, como sucedió con el referéndum revocatorio, el derecho de votar”, y que se adelanten las elecciones. Han otorgado un plazo perentorio y han dejado claro que no permitirán que las negociaciones se extiendan por mucho tiempo más.

Fue el negociador opositor y alcalde Carlos Ocariz quien anunció la noche del lunes en Twitter de la liberación de tres personas del grupo de opositores detenidos por motivos políticos. Son ellos Carlos Melo, un sospechoso habitual de las conspiraciones denunciadas por el régimen, y los realizadores Andrés Moreno y Marcos Trejo, autores de un vídeo del partido Primero Justicia dirigido a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que vigilan las manifestaciones. Junto a ellos también fueron liberados Coromoto Rodríguez, jefe de la seguridad del presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. En el transcurso del jueves salieron de prisión los jóvenes Pablo Parada y Jean Carlos Ortiz, procesados en el estado de Táchira (andes venezolanos).

La organización Foro Penal Venezolano calcula que todavía quedan tras las rejas 108 personas procesadas por razones políticas tras las últimas liberaciones ocurridas. Se espera que en las próximas horas continúen saliendo a la calle parte de esa lista. La excarcelación no supone el fin del proceso penal. “Aún están pendientes de un dictamen judicial”, explicó el abogado Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal, en una conversación con este diario.