El arsenal de acusaciones al expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a crecer una vez más esta semana. El Ministerio Público Federal de Brasilia ha remitido a la Justicia Federal la denuncia que la semana pasada ya publicó la policía, en esta ocasión acusando al expresidente de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delincuencia organizada.
En ella se cuenta que Lula maniobró con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES por sus siglas en portugués) para que la constructora más grande del país, Odebrecht, tuviera crédito en la construcción de unas obras en Angola. Como contrasprestación, prosigue la denuncia, la constructora habría transferido a los involucrados unos 30 millones de reales (algo más de nueve millones de dólares).
El equipo de defensa del presidente convocó la misma tarde del lunes una rueda de prensa para rebatir las acusaciones y tildar la denuncia de “genérica, frágil y superficial”. “La cantidad de denuncias, de policías federales [que las originan] y fiscales [que las remiten a instituciones superiores] tiene como objetivo excluir a Lula de las elecciones de 2018, no mediante el voto, sino mediante una condena que le impida presentarse a candidato”, explicó en ella su abogado, Cristiano Zanin Martin,
Lula ya está siendo juzgado en dos procesos relacionados con la investigación de Petrobras, el nombre de cientos de casos corrupción y desvío de fondos públicos que lleva años saliendo a la luz y azotando a las élites brasileñas. En uno de esos procesos, se acusa al expresidente de haber recibido aceptado por parte de la constructora OAS privilegios para reformar un piso en Guarujá (São Paulo). En otro, se le acusa de intento de obstrucción a la Justicia, por supuestamente intentar comprar el silencio del exsenador Delcídio do Amaral, del Partido de los Trabajadores. El expresidente también ha sido nombrado en la investigación principal del caso Petrobras, que hace poco llegó al Tribunal Supremo.
Este lunes, la fiscalía reiteró el relato de la policía la semana pasada: que los delitos se produjeron al menos entre 2008 y 2015 y salpican también a la empresa Exergia Brasil. Según el Ministerio Fiscal Federal, esta empresa, creada en 2009 y propiedad de Taiguara Rodrigues, sobrino de Lula, estaba subcontratada por Odebrecht y recibía fondos de la constructora, blanqueando, de esta forma, el dinero. La denuncia separa la actuación de Lula en dos fases: la primera, entre 2008 y 2010, cuando todavía era presidente y, como agente público, culpable de corrupción. La segunda, entre 2011 y 2015, ya como exmandatario, culpable de tráfico de influencias en favor de los implicados. Los investigadores afirman que Lula cometió el delito de blanqueo de capitales 44 veces.
Siempre de acuerdo con la acusación, el blanqueo de capitales también se llevaba a cabo mediante el pago de unas supuestas conferencias que el expresidente habría impartido a invitación de Odebrecht. En este caso, la contratación se hacía mediante LILS Palestras, creada por Lula a comienzos de 2011, nada más dejar la presidencia. El miércoles de la semana pasada, la Policía Federal había acusado al expresidente, a Taiguara Rodrigues, a Marcelo Odebrecht y a siete ejecutivos más de la constructora por corrupción pasiva derivada del presunto favorecimiento a Odebrecht. Además de el expresidente, de Marcelo Odebrecht y de Taiguara, conforman la lista de denunciados José Emmanuel Camano Ramos, Pedro Henrique de Paula Schettino, Maurício Bastianelli, Javier Chuman Rojas, Marcus Fábio Souza Azevedo, Eduardo Alexandre de Athayde Badin, Gustavo Teixeira Belitardo y José Madureira Correia.
La defensa de Lula
Mientras, la defensa se va movilizando contra la lluvia de acusaciones. Los abogados de Lula han comenzado con la más antigua, la de su esposa, Marisa Letícia. Mediante un comunicado explican que su defensa se compone de cuatro escritos que “desmontan la tesis” de que “hay un conjunto gigantesco de pruebas, especialmente contra el expresidente. “Lo que se evidencia es un proceso sensacionalista y pomposo, que aniquila la garantía de presunción de inocencia y en el que queda nítida la violación del principio de contradicción, quedando evidente el abuso del poder de persecución estatal”, señala el comunicado.
Los abogados de Lula recuerdan que se está usando contra el presidente algo conocido como lawfare, es decir, el uso de leyes y procedimientos jurídicos como arma de guerra.
