Tegucigalpa. – Un Juez Natural nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este lunes órdenes de captura contra el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la actual diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuellar.
Ambos exfuncionarios del anterior gobierno de Libre son señalados por su presunta vinculación en una trama de corrupción que involucra el desvío de fondos públicos de Sedesol para el financiamiento de actividades proselitistas.
La decisión surge tras la reunión del pleno de magistrados de la CSJ celebrada esta tarde, donde se ratificó la designación del juez para conocer el requerimiento fiscal. La acusación no se limita a las figuras políticas de alto perfil; el Ministerio Público también imputa a otros diez exfuncionarios y colaboradores de la secretaría: Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Galeas Irías, Ilsy Valeska Baquedano y Iris Paola Pérez Moreno.
La base probatoria del caso descansa en un material audiovisual que se volvió viral, en el cual la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuellar, detalla al entonces ministro Cardona el esquema utilizado para drenar recursos del Estado.
“Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, se escucha decir a Cuellar en la grabación.
En la conversación, la congresista explica que los fondos fueron destinados a la compra de “kits de campaña” para las coordinaciones del partido oficialista. Según el relato, cada kit —valorado en aproximadamente 125 mil lempiras— incluía: Equipos de sonido, 300 sillas, mesas y carpas, Banderas, camisetas y artículos promocionales.
Promesas de sanción sin cumplimiento
Aunque el escándalo provocó en su momento la destitución de Cardona y el anuncio de una suspensión política para Cuellar, la diputada logró mantener su vigencia e incluso retomó sus funciones en el nuevo periodo legislativo que inició el pasado 25 de enero. Con la emisión de estas órdenes de captura, el caso pasa ahora a la instancia judicial para determinar la responsabilidad penal de los involucrados en el uso indebido de recursos destinados al desarrollo social.
