Blanco fue arrestado en el 2016 en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de conspirar para transportar 1.800 kilos (4000 libras) de cocaína de Colombia a Honduras durante un período de dos meses. En Honduras se informó que el arresto de Blanco había dado lugar a la investigación de decenas de policías y otros funcionarios políticos y judiciales, pero no salió a la luz ninguna versión de investigaciones sobre corrupción relacionadas con ese narcotraficante. Su abogado, Víctor Rocha, dijo a la AP que tuvo varias charlas con su cliente y nunca mencionó que la policía colaborase con el narcotráfico.

Los lazos del narcotráfico con las fuerzas policiales y los círculos políticos están bien documentados.

La DEA anunció la semana pasada que el legislador hondureño Fredy Renán Nájera Montoya enfrenta acusaciones de narcotráfico en una corte federal de Nueva York y que Estados Unidos buscará su extradición. Las autoridades estadounidenses afirman que Nájera usó su influencia para garantizar el paso de cargamentos de cocaína de Colombia a Honduras y de ahí a Estados Unidos.

Altos oficiales de la policía hondureña han sido acusados de ordenar asesinatos, de traficar cocaína y encabezar bandas delictivas. Al menos seis ex oficiales de la Policía Nacional enfrentan cargos criminales en una corte federal en Nueva York y la DEA asegura tiene abiertas investigaciones sobre casos de corrupción en la policía de Honduras.

El informe del inspector general detallando la investigación del camión cargado de cocaína explica cómo Blanco controlaba a la policía.

Fuentes de la jefatura policial en La Ceiba dijeron que antes y después del incidente del camión, el jefe de la policía regional José Rolando Paz Murillo recibió a Blanco y a otros oficiales en su oficina. En los encuentros, Blanco entregó miles de dólares en sobornos para asegurarse de que la policía permitiría el aterrizaje de aviones cargados con cocaína y que la droga sería transportada luego sin interferencias, de acuerdo con el informe.

Entre quienes asistieron a esos encuentros, dice el informe, figuraron Aguilar, así como el nuevo inspector general de la Policía Nacional, Orlin Javier Cerrato Cruz, y Orbin Alexis Galo Maldonado, designado por Aguilar como su segundo. En una breve conversación telefónica, Galo negó tener conocimiento de los hechos. No fue posible ubicar a Cerrato para solicitar su comentario.

Según el reporte, fue un jefe local de la policía turística, Grebil Cecilio Girón Miranda, quien interceptó el camión lleno de drogas, que iba escoltado por 11 agentes policiales en cuatro vehículos. Girón estaba de turno con otros dos oficiales cuando un informante de una banda rival lo llamó para ponerlo al tanto del camión con cocaína, indicaron los investigadores.

El informe dice que Girón y sus compañeros llevaron el camión a una comisaría y que, poco después, Paz, el jefe policial de la zona, llegó y amenazó a Girón y los otros agentes que participaron en la detención del camión, diciéndoles que se aseguraría de que serían despedidos. Girón apuntó su arma a Paz, hizo que se tirase al piso y lo esposó, según el informe. A medida que el jefe policial seguía lanzando amenazas, señala el informe, los agentes le permitieron hacer una llamada telefónica. Paz llamó a Aguilar y le pasó el teléfono a Girón. Según declaraciones de los agentes, Aguilar les dijo que liberasen inmediatamente a Paz y dejasen ir el camión con las drogas.

Obedecieron y el cargamento continuó su camino hasta la casa de Blanco, según el reporte.

El entonces jefe de la Policía Nacional ordenó una investigación, de acuerdo con el documento, pero fue postergada hasta la llegada de un nuevo inspector general a principios del 2014. Para cuando se presentó el informe a fines de febrero del 2014, ya había vencido el plazo de cuatro meses para que se tomasen medidas.

Todos los agentes mencionados en el informe contactados por la AP dijeron no saber nada sobre las denuncias. La Policía Nacional no puso a disposición a ninguno de los agentes para que comentasen el caso.

De acuerdo con el informe, Paz le dijo al oficial que hizo los arrestos que el director de la policía de entonces, Juan Carlos Bonilla Valladares, y otro alto jefe policial, Héctor Iván Mejía Velásquez, estaban al tanto de lo que sucedía con las drogas y que habían ordenado que dejasen que el camión continuase su camino. Bonilla dijo a la AP que los documentos eran falsos y Mejía afirmó que no sabía nada del caso.

Paz renunció a la policía después de su suspensión y otra asignación, según un ex oficial de la Policía Nacional, y actualmente sirve como juez en Roatán. Paz no devolvió mensajes dejados en su juzgado.

Las revelaciones sobre la nueva conducción de la policía llegan en momentos en que una comisión especial dice que ha despedido a más de 4.000 miembros de la Policía Nacional por causas que van desde la corrupción hasta una reestructuración y jubilaciones voluntarias.

El exagente de la DEA Gary Hale revisó una copia del documento y consideró que parece genuino.

“A simple vista, parece auténtico”, expresó Hale, quien hoy es profesor de políticas de drogas y estudios de México en la Rice University.

La opositora María Luisa Borjas, que encabezó la división de asuntos internos de la Policía Nacional durante una larga carrera en esa fuerza, dijo que había visto el informe del inspector general y que podía confirmar su autenticidad.

“El trabajo que hizo la comisión de depuración de la policía fue un trabajo nulo totalmente, un fracaso”, afirmó. “Parece que era una protección especial para personas que sí se han visto vinculados con el narcotráfico”.

Por Christopher Sherman, Martha Mendoza y Garance Burke, Associated Press