El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Nicaragua y una prórroga automática por otros seis meses para Honduras, sobre la cual aún no han tomado una decisión definitiva.
Sobre Honduras, plantearon la posibilidad de que con la información que posee la secretaria de Seguridad Nacional en funciones, Elaine Duke, se pueda anunciar el fin del TPS para este país al final de la extensión automática de seis meses y con un retraso apropiado.
Con respecto a Nicaragua, una vez se termine la última extensión el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir un regreso ordenado al país centroamericano de los cerca de 2,500 inmigrantes indocumentados beneficiados, o para que durante ese tiempo puedan regularizar su permanencia por cualquier vía legal.
El DHS informó que las condiciones que motivaron el TPS en 1999 en Nicaragua ya mejoraron lo suficiente como para cancelar el programa humanitario.
La cancelación del TPS, si finalmente aplica también a Honduras tras la nueva prórroga, coloca a unos 60,000 inmigrantes sin papeles al borde de la expulsión de Estados Unidos, puesto que muchos beneficiarios cuando recibieron el amparo tenían órdenes finales de deportación.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), a su vez, advirtió este lunes que la información recopilada de los miles de beneficiarios del TPS es compartida con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “en apoyo de sus acciones de cumplimiento de inmigración según sea apropiado y legalmente permitido”.
El TPS fue otorgado la primera vez el 5 de enero de 1999 por el presidente Bill Clinton como parte de una respuesta humanitaria de Washington tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de octubre del año anterior. Desde entonces había sido renovado más de una docena de veces.
Según un comunicado publicado por el DHS la decisión para poner fin al TPS para Nicaragua fue hecha tras una revisión de las condiciones tras las cuales fue originalmente otorgado en 1999. La secretaria del DHS en funciones, Eliane Duke, cree que la situación de vulnerabilidad en que quedó Nicaragua tras el huracán Mitch “ya no existe” por lo que el TPS debe terminar.
Además de frenar temporalmente las deportaciones, el TPS otorgaba a los nicaragüenses una autorización de empleo que expira este 5 de enero.
Al permitir un plazo de 12 meses para los nicaragüenses, el DHS explica que esto les permitirá “buscar alternativas para obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos, si son elegibles, o para preparar su partida”.
Aún queda la posibilidad de que el Congreso legisle sobre el tema y busque una solución permanente para los afectados por la decisión del DHS.
Según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) solicitados por Univision Noticias, el programa beneficia a 86,163 inmigrantes hondureños y 5,349 nicaragüenses. La cancillería de Tegucigalpa, en cambio, habla de unos 57,000 beneficiarios, mientras que la cancillería de Managua cita a unos 2,500.
