San José. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció y condenó este lunes «la consolidación de un régimen autoritario» en Nicaragua, un país gobernado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega desde 2007, y que desde hace siete años vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos.
«A siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la continua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario», señaló ese organismo en una declaración pública.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza estatal, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente, Daniel Ortega.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua vive una situación crítica
«La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose», advirtió la CIDH en su mensaje.
A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la Comisión dijo que sigue recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos tales como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, y violaciones al debido proceso y las garantías judiciales.
También tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad; restricciones a la libertad de movimiento, privación de la nacionalidad, destierro, así como persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.
«A ello se suman las reformas constitucionales publicadas en febrero de este año entre las cuales destaca la centralización del control absoluto del poder político en la Presidencia, encabezada por un copresidente y una copresidenta», apuntó.
A juicio de la CIDH, con esas reformas constitucionales «se consolida, bajo una apariencia de legalidad, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, así como una serie de reformas contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos, en un Estado en el que desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir».
Persecución religiosa y a la libertad de prensa
Por otro lado, la CIDH anotó que actualmente 42 personas se encuentran privadas de su libertad, en condiciones contrarias a la dignidad humana y que forman parte del registro de más de 2.000 detenciones arbitrarias documentadas desde el inicio de la crisis en 2018.
Además que 5.441 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas arbitrariamente desde 2018 y que en numerosos casos estas cancelaciones han ido acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes.
«En este contexto de cierre de espacio cívico, persiste la persecución contra periodistas, personas defensoras, artistas y cualquier persona percibida como opositora», alertó ese organismo autónomo de la OEA.
Asimismo, continúa la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones arbitrarias, expulsiones y la confiscación de bienes como represalia por su trabajo, denunció.
Además, el Gobierno mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe, continuó.
Con información de EFE
