El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha criticado la permanente negativa de Venezuela de autorizar la visita de expertos en garantías fundamentales, a pesar de las graves alegaciones sobre abusos cometidos por el régimen venezolano en los últimos tres años.
En una inusual declaración, emitida durante el discurso de apertura de la 33 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Al Hussein ha dicho que la situación en la nación sudamericana es “particularmente chocante teniendo en cuenta nuestra profunda preocupación en relación a las alegaciones de represión de las voces de la oposición y de los grupos de la sociedad civil, arrestos arbitrarios y excesivo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos”.
A los representantes de la Comisión les ha sido denegado el visado desde hace dos años y medio, el tiempo que tiene encarcelado el opositor Leopoldo López. Durante el primer semestre de 2014 se inició además una razzia contra parte de la dirigencia opositora que, según el gobierno del país sudamericano, forma parte de una conspiración para derrocarle. Pero el alto comisionado ha prometido no darse por vencido El rechazo, advirtió, “no impedirá que sus funcionarios hagan su trabajo”. Recordó que el respeto a las normas de derechos humanos puede ayudar al Gobierno y a la oposición a resolver los desafíos que enfrentan mediante el diálogo.
El régimen chavista comparte con Siria, Irán, Bielorrusia o Turquía el rechazo a la cooperación internacional, una práctica que el funcionario calificó “como una tendencia emergente”. Cuando rechaza las peticiones de visita, Venezuela alega que no permitirá la injerencia en sus asuntos internos porque se considera un país soberano
Al Hussein también ha tomado nota de la “erosión de la independencia de las instituciones y un dramático deterioro del disfrute de los derechos sociales y económicos, que cada vez amplía más la hambruna generalizada y el deteriorado sistema de salud”. “Mi oficina”, añadió, “seguirá de cerca la situación en el país y expresará sus preocupaciones con respecto a los derechos humanos. Los Estados pueden cerrar nuestras oficinas, pero no nos pueden obligar a callar”, agregó ante los representantes de los 47 miembros del Consejo, establecido en Ginebra.
Maduro ha aumentado la represión sobre sus adversarios en vísperas de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará en la Isla de Margarita (Caribe oriental venezolano) a partir de este martes. Se han prohibido los vuelos particulares hacia ese destino y las aerolíneas deben entregar el listado de los pasajeros con 24 horas de antelación, de acuerdo con un comunicado oficial. La oposición ha denunciado que las personas que viven ahí estarán secuestradas hasta el 21 de septiembre, cuando se levantará la prohibición. Parece evidente la intención de impedir a toda costa las protestas en los alrededores del hotel donde sesionarán las delegaciones visitantes.
La Mesa de la Unidad Democrática ha criticado la decisión de militarizar la isla y ha calificado la reunión “como un show intrascendente para la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que está pendiente del hambre, la inseguridad y la falta de medicinas”.
La alianza opositora ha decidido suspender hasta el viernes la manifestación de doce horas convocada para este miércoles, que busca presionar al Consejo Nacional Electoral para que avance en el trámite del referéndum revocatorio del presidente Maduro. Se espera que mientras se desarrolle la protesta el Consejo Nacional Electoral anuncie la fecha definitiva para recoger el 20% de las firmas del padrón electoral, el segundo paso exigido por las autoridades comiciales.
