La ciudad de Charlotte levantó este jueves en una tensa calma, con las fuerzas de la Guardia Nacional desplegadas por esta ciudad de Carolina del Norte tras una noche de violentas protestas que dejaron un herido muy grave y decenas de detenidos. Las autoridades locales hicieron un llamamiento a la contención y prometieron una investigación “completa y transparente” tanto de los incidentes como de su detonante, la muerte de un hombre negro a manos de la policía el pasado martes.

Aunque por el momento no se contempla declarar un toque de queda, las autoridades se reservan este recurso si las concentraciones que se espera vuelvan a repetirse a lo largo de la jornada se tornaran una vez más violentas.

“No vemos en estos momentos la necesidad de cerrar completamente la ciudad”, dijo el jefe de la policía local, Kerr Putney, en rueda de prensa este jueves.

La declaración del estado de emergencia dictada la pasada noche por el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha proporcionado a la ciudad suficientes fuerzas de seguridad —Guardia Nacional y miembros de la patrulla de carretera— como para controlar por el momento la situación y evitar nuevas escenas de vandalismo y violencia como las de la pasada noche, aseguró Putney. No obstante, la situación es fluida y la decisión de declarar un toque de queda podría darse si se llega a considerar necesario. “La declaración de emergencia nos da esa autoridad”, recordó la alcaldesa de Charlotte, Jennifer Roberts, a la cadena ABC.

Las protestas de la noche del miércoles, que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada, dejaron un saldo de 44 detenidos por vandalismo y nueve civiles heridos. El más grave es un hombre que recibió un disparo y que sigue en estado crítico. Aunque la alcaldesa Roberts y el jefe de policía Putney comparecieron en rueda de prensa este jueves, no dieron nuevos detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre quién efectuó el disparo, algo que se continúa investigando, dijeron. En un principio, las autoridades habían dicho que el responsable era otro civil, pero este jueves se abrieron a la posibilidad de que la bala procediera del arma de un agente.

“Hay mucha información circulando sobre quién disparó. Estamos revisando los vídeos y estamos investigando cuáles de nuestros agentes estaban ahí, porque hay quienes dicen que fue uno de nuestros oficiales. Estamos aquí para averiguar la verdad y estamos investigándolo todo, para hallar la verdad absoluta”, dijo Putney.

Otro vídeo clave

Una de las claves para contener las protestas es aclarar el suceso que las detonó: la muerte la noche del martes de Keith Lamont Scott, un hombre negro de 43 años que murió de un disparo de un agente de policía, también afroamericano, en el aparcamiento de un complejo residencial.

La versión oficial ha sido hasta ahora que Scott iba armado y que se negó a tirar la pistola como le ordenó el oficial de forma reiterada, pero su familia ha sostenido de manera consistente que la víctima tenía solo un libro entre sus manos mientras esperaba la llegada de su hijo.

Putney dio hoy un posible giro clave a la línea de investigación al admitir que no puede afirmar con plena certeza que Scott llevara un arma.

“El vídeo no me da una prueba visual absoluta, definitiva, que confirme que una persona está apuntando con un arma, no vi eso en las imágenes que he visto”, reconoció el jefe policial. No obstante, se apresuró a matizar sus declaraciones afirmando que “con el resto de las pruebas recopiladas” en la escena del incidente, la versión oficial sobre la secuencia de eventos que llevaron a la muerte de Scott “se sostiene”.

Putney reiteró su negativa a hacer público el vídeo, tal como han pedido algunos activistas locales y hasta la organización de derechos civiles ACLU.

“No voy a publicar el vídeo ahora. Lo haremos cuando consideremos que hay una razón convincente”, replicó Putney. Una de las razones que dio para esta actitud es el respeto a los familiares de la víctima. Lo que la policía sí está dispuesta a hacer, agregó, es permitir que sus familiares accedan a las imágenes que tiene. “La familia ha pedido ver el vídeo y estamos trabajando para ello”, declaró.

La muerte de Scott se une a numerosos casos de afroamericanos, en muchos casos desarmados, abatidos por policías que se han venido repitiendo en los últimos años y que han provocado un aumento de la tensión racial y en las relaciones con las fuerzas del orden en el país. Scott de hecho murió un día después de que se conociera que otro hombre negro, Terence Crutcher, murió el viernes en Tulsa, Oklahoma, por disparos de la policía a pesar de que estaba desarmado y con las manos en alto. Dos días antes Tyree King, un niño negro de 13 años, murió por múltiples disparos de un agente blanco en Columbus, Ohio. El pequeño había sacado una pistola, que resultó ser de balines.

“Es importante que tengamos una investigación completa y transparente del incidente”, reconoció la alcaldesa de Charlotte.

La policía brasileña detuvo este jueves a Guido Mantega, ministro de Hacienda de las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff y figura de peso en el izquierdista Partido de los Trabajadores, en el marco de la investigación de la red de corrupción en Petrobras.

Mantega fue detenido por la mañana en un hospital de Sao Paulo, donde acompañaba a su mujer que acababa de ser operada, y fue conducido a las oficinas centrales de la Policía Federal en la capital paulista.

La Policía Federal ofrecería hacia las 13H00 GMT una conferencia de prensa junto a la Fiscalía en Curitiba (sur), que se ocupa del caso, para brindar informaciones acerca de la 34a fase de la Operación Lava Jato (Lavadero de autos) que investiga la trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

En esa fase, denominada “Archivo X”, fueron movilizados 180 agentes que cumplen 49 órdenes judiciales, entre ellas ocho de prisión preventiva y ocho de detención para interrogatorio, en cinco estados brasileños y en el Distrito Federal de Brasilia.

Las requisas y detenciones están relacionadas con sospechas de “fraude en licitaciones, corrupción de funcionarios públicos y traspaso de recursos a operadores y partidos políticos responsables de designar cargos importantes” en Petrobras, precisó un comunicado de la Policía Federal.

El texto señala que la investigación también detectó “empresas que formaron un consorcio para obtener contratos de construcción de dos plataformas aunque carecían de experiencia, estructura o preparación para hacerlo”.

Figura clave

Sin citar explícitamente a Mantega ni al Partido de los Trabajadores (PT), el comunicado añade que “un exministro de Hacienda habría actuado en 2012 junto a una de las empresas para negociar la transferencia de recursos para pagos de deudas de campaña del partido político del momento”.

Nacido en Italia, de 67 años, Mantega fue una figura clave del área económica durante tres de los cuatro mandatos consecutivos del PT en Brasil. Asumió la cartera de Planificación en 2003 y un año más tarde pasó a presidir el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). En 2006 tomó el comando del Ministerio de Hacienda (Economía y Finanzas) y continuó en el cargo durante el primer mandato de Rousseff, destituida el mes pasado por el Senado, antes de ser reemplazado en 2015 por Joaquim Levy.

Mantega es la última de las figuras políticas del PT en ser alcanzada por la Operación Lava Jato, que asedia a Lula y ya llevó a prisión a su jefe de Gabinete, José Dirceu, al publicista del partido, Joao Santana, y al extesorero Joao Vaccari.

Considerada la mayor causa de corrupción de la historia de Brasil, la fiscalía la define como un sistema de “empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas”.

El martes el juez de primera instancia Sergio Moro, que tramita las causas de investigados que no tienen fueros privilegiados (legisladores y ministros en funciones), aceptó una denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero presentadas por la fiscalía contra Lula (2003-2010).