La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, quemó ayer sus últimos cartuchos frente a la comisión del Senado que la juzga por supuestos delitos fiscales y alertó otra vez sobre el “golpe” que supondría su posible destitución.

“Brasil no merece sufrir una nueva ruptura democrática”, afirmó la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado de 12 de mayo, en una carta dirigida a la comisión del Senado responsable del proceso.

Rousseff tenía ayer la oportunidad de presentarse personalmente ante la comisión, pero optó por enviar a su abogado, José Eduardo Cardozo, quien leyó la carta en la que insiste en que “se juzga a una persona inocente”.

Cardozo admitió que le recomendó a Rousseff que no compareciese, y el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT) señaló que le pidieron que no fuera a “este juego de cartas marcadas para no legitimar un golpe”.

La senadora Simone Tebet, quien manifestó su convicción sobre la culpabilidad de Rousseff, afirmó en respuesta a Farias que la comisión ha acumulado “más de 200 horas de trabajo” en las que ha escuchado a 39 testigos y agregó que eso “no puede ser tildado de fraude y mucho menos de golpe”.

En la carta, Rousseff insiste en que es “una persona inocente” y defiende el mandato que le otorgaron “54 millones de votos” en 2014, cuando fue reelegida. Además, se describe como “una funcionaria pública luchadora por las causas justas”.

Afirma que ejerció el mando “de forma digna y honesta” y que “jamás” desvió “un solo centavo del patrimonio público” para su propio enriquecimiento o el de terceros. Una vez más, la presidenta insiste en que  las acusaciones no tienen base legal y que es víctima de una “farsa política y jurídica”.

Rousseff pide a los brasileños que “le digan no a aquellos que, con una absoluta falta de escrúpulos, se valen de la traición, de la mentira, el embuste y el golpismo, para hipócritamente llegar al poder”. Aunque no lo cita directamente, parece aludir así a Michel Temer, su antiguo vicepresidente, quien la sustituye y heredaría definitivamente su mandato si fuera destituida.

La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el Gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.

PRESIONES PARA RETIRAR A UN JUEZ

Mientras, los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva pidieron ayer que el juez federal Sergio Moro sea removido de una investigación de corrupción que involucra al expresidente de Brasil.

La solicitud subraya el enfrentamiento entre dos de las figuras públicas más reconocidas de Brasil, el exmandatario que sigue siendo favorito en los sondeos de cara a la
carrera presidencial de 2018 y el juez que ha encarcelado a varios de los aliados más cercanos de Lula.

Los abogados dijeron que la decisión de Moro de divulgar públicamente las conversaciones telefónicas interceptadas de Lula “provocó bochorno público” y que el juez actuó de forma “acusatoria”.

La corte federal de la sureña ciudad de Curitiba, donde Moro ha liderado la investigación de un caso de sobornos multimillonarios en torno a Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Lula es investigado por, presuntamente, recibir inmuebles de lujo y por su relación con grupos de ingeniería que están implicados en el escándalo de Petrobras.

CORRUPCIÓN EN PLANTA NUCLEAR

La policía federal de Brasil dijo ayer que arrestó a nueve personas en dos estados como parte de una investigación de corrupción en una planta de energía nuclear en Río de Janeiro. La investigación en Eletronuclear, la subsidiaria de energía nuclear de la empresa de electricidad estatal Eletrobras, es resultado de una investigación de corrupción por sobornos y arreglo de precios en la petrolera estatal Petrobras.

La policía señaló que compañías de ingeniería complotaron para cobrar más a Eletronuclear por la construcción de la planta Angra 3 cerca de Río de Janeiro.

Angra 3 está siendo construida por muchas de las mismas firmas cuyos ejecutivos están en juicio o en prisión por acusaciones de formar un cartel que cobraba más a Petrobras por trabajos y utilizaba los fondos excedentes para sobornar a ejecutivos y políticos.