Dilma Rousseff, sustituida desde el pasado 12 de mayo por su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, tenía este miércoles la oportunidad de presentar su descargo en forma personal ante la comisión, pero optó por enviar a su abogado, José Eduardo Cardozo, quien leyó la carta en la que insiste en que “se juzga a una persona inocente”.
En esa misiva, de 32 páginas, Rousseff comienza defendiendo el mandato que le otorgaron “54 millones de votos” en 2014, cuando fue reelegida, y se describe como “una mujer honesta, una funcionaria pública dedicada y una luchadora por las causas justas”.
Afirma que ejerció ese mandato “de forma digna y honesta” y que “jamás” desvió “un solo centavo del patrimonio público” para su propio enriquecimiento o el de terceros.
En la carta, Rousseff hace un repaso de su vida política, que inició en su juventud con grupos que resistían a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, y asegura que “nunca” dejó de luchar por la democracia y por “la construcción de una sociedad más justa”.
Tras varias páginas de contenido puramente político, Rousseff entra en el mérito de las acusaciones e insiste en que no tienen base legal y constituyen una “farsa política y jurídica”, que volvió a calificar como un “auténtico golpe” de Estado.
La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el Gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.
Esas irregularidades han sido constatadas por el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, y confirmadas parcialmente en un análisis realizado por expertos del Senado a petición de la propia defensa de la mandataria.
Sin embargo, Rousseff insistió en que no tuvo responsabilidad directa en ninguno de esos asuntos y que los decretos fueron dictados después de consultas con los responsables técnicos del Gobierno, que los avalaron.
También sostuvo que las operaciones con la banca pública no supusieron créditos, sino meros atrasos en depósitos que debía hacer el Ejecutivo para cubrir el coste de programas sociales, en los que esas instituciones servían apenas como agentes de pago.
Por esas razones, afirma que seguirá “luchando para que suene el alerta democrático de que no es con una destitución inconstitucional de un Gobierno legítimo, por medio de un golpe de Estado apoyado en la farsa y construido en una falsa retórica jurídica, que vendrán días mejores para el país”.
La sesión que realiza la comisión del Senado pondrá fin a la fase de producción de pruebas y abrirá el plazo para la presentación por escrito de los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, para la elaboración de un informe final.
El informe de Anastasia deberá ser presentado el próximo 2 de agosto a la comisión, que lo debatirá durante dos días y lo remitirá luego al pleno del Senado, donde está previsto que sea votado el día 9 de ese mismo mes.
Si en esa instancia fuera aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, la Corte Suprema volverá a convocar al pleno del Senado para una última sesión, en la que Rousseff sería destituida si lo respaldase una mayoría calificada de 54 senadores.
De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.
