El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció este lunes que no pagarán los 422 millones de dólares en deuda que vencía este domingo, lo que supondrá el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década.

“Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa, que francamente hubiese preferido no tomar, (pero) la crisis humanitaria se hace cada día más profunda”, explicó García en un mensaje público a la ciudadanía en el que acusó a Estados Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado.

El mandatario reiteró “cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión” e insistió en que “hubiera preferido contar con un marco legal” que les permitiera cumplir con todas las obligaciones, “incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores”.

“Al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”, resumió con semblante serio.

Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de EE. UU. que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas.

“No queremos un rescate financiero, ni nos lo han ofrecido, lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de EE. UU., simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”, argumentó.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela discrepan sobre cuándo debe comenzar la revisión de las firmas de electores para iniciar el trámite hacia un referendo revocatorio del mandato del presidente, Nicolás Maduro.

Los rectores electorales Tania Damelio y Luis Rondón hablaron de plazos diferentes en la red social Twitter, donde la primera anunció que el CNE esperará a que transcurra el mes que se ha dado de plazo para que se reúnan las firmas necesarias para iniciar luego el trámite de revisión, y el segundo opinó que debe ser antes.

Se debe cumplir el lapso de 30 días fijado para la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad para pasar a la fase de constatación.

— Tania D´amelio (@taniadamelio) 1 de mayo de 2016

Este lunes, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles advirtió que el CNE tiene 5 y no 30 días para verificar las firmas de electores.

“No vamos a aceptar que el CNE pretenda obstaculizar la vía democrática (…), no vamos a aceptar los 30 días“, declaró Capriles a Radio Fiesta de Caracas al descartar el anuncio que en ese sentido hizo el domingo la rectora electoral Tania D’ Amelio.

La oposición venezolana presentará el martes las firmas para activar un referendo revocatorio del mandato del presidente socialista Nicolás Maduro, enfrentado a un creciente descontento popular por la profundización de la crisis económica y los apagones.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, asegura haber recolectado 2,5 millones de rúbricas en todo el país, 13 veces más de las 195.721 (1% del padrón electoral) que exige el CNE para pedir que se inicie el proceso.

“Nos habían dado 30 días -a partir del martes 26 de abril- para recolectarlas, lo hicimos en ‘tiempo récord’, declaró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, al anunciar que el martes las presentarán al CNE.

Cajas etiquetadas que contienen las planillas donde fueron consignadas las firmas permanecen apiladas en un local de la MUD en Chacao, oriente de Caracas, donde grupos de seguidores de la oposición las revisaron.

La oposición, según cuyas cuentas el referendo podría realizarse a finales de este año, asegura que la constatación debe iniciarse apenas sean entregadas el martes, un criterio que comparte otro rector del CNE, Luis Emilio Rondón.

“Que nadie dude que la rectora CNE Tania D’Amelio es militante y activista incondicional del PSUV (partido socialista) y procede para impedir referéndum revocatorio este año”, escribió este lunes en su cuenta de Twitter el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.

El constitucionalista José Ignacio Hernández opinó que según la ley “el lapso de 30 días no debe dejarse transcurrir íntegramente”, pero habrá que esperar que la divergencia en el CNE la aclare el propio organismo en breve.

A declararse en ‘rebelión’

Para defenderse, según dijo Hernández, Maduro nombró el fin de semana una comisión que revisará las firmas, la cual se reunirá este lunes y acudirá al CNE.

“El referendo es una opción, no una obligación. Aquí lo único que es obligación son las elecciones presidenciales y serán en 2018, diciembre de 2018. Es la única obligación que tenemos“, dijo el domingo en un acto masivo por el Día del Trabajador. Pero agregó que en el caso de que tenga que dejar el poder por una vía constitucional o un golpe de Estado, llamaba a sus seguidores a declararse en “rebelión” y declarar una huelga general indefinida.

Para revocar a Maduro, el “Sí” deberá obtener por lo menos un voto más de los 7,5 millones con los que fue elegido tras la muerte de Chávez en 2013. La oposición está segura de lograrlo. Una encuesta de la firma Venebarómetro indica que casi siete de cada diez venezolanos (68%) están a favor de que Maduro deje el poder y haya elecciones, en tanto que un 84,1% considera negativa la situación del país.

El país con las mayores reservas de petróleo del planeta enfrenta una recesión desde 2013, en 2015 la contracción fue de 5,7%, la inflación de 180,9%, la más alta del mundo, y una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Las angustias aumentaron este año con un plan de ahorro de electricidad que aplica el gobierno debido a la fuerte sequía causada por el fenómeno El Niño que mantiene a niveles críticos los embalses. Cortes de luz de más de cuatro horas en casi todo el país -excepto Caracas- provocaron la semana pasada algunas protesta en ciudades como Maracaibo (noroeste).

Como parte de las medidas ordenadas por Maduro, los venezolanos adelantaron 30 minutos sus relojes el domingo para aprovechar la luz natural. Además, el presidente dispuso la reducción de la jornada laboral en el sector público a sólo dos días por semana, que las escuelas cierren los viernes y ordenó a los centros comerciales y hoteles generar buena parte de la energía que utilizan.

México, país golpeado por la violencia del narcotráfico desde hace décadas, pero especialmente en los últimos 10 años, comenzó a dar grandes pasos para buscar un nuevo enfoque que enfrente la problemática (inicialmente con la marihuana) más allá de la represión, a la que muchos analistas consideran que no ha logrado los resultados esperados.

Ese país, que se había marginado del debate que a nivel continental se ha venido dando sobre la marihuana, hace pocos días entró de lleno en la discusión de dos propuestas concretas: la legalización de la marihuana y sus derivados para fines medicinales y el aumento de la dosis que una persona puede poseer para consumo recreativo.

“Los términos del debate en torno a las drogas están cambiando, en México y en el mundo”, dijo hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto ante el foro de las Naciones Unidas.

Es por eso que el Gobierno mexicano presentó al Congreso una propuesta que autoriza el uso medicinal de la marihuana y la investigación clínica con fines de registro y control para diferentes tipos de productos derivados o que contengan cannabis, y además aumenta de 5 a 28 gramos la cantidad que los ciudadanos pueden portar para su consumo personal.

Sin embargo, expertos mexicanos consultados por este diario consideran que la propuesta gubernamental todavía tiene vacíos y preguntas por responder o que incluso es cosmética, pues se hizo con el fin de entrar en una discusión de la que el país se había quedado rezagado.

En diálogo con el diario colombiano EL TIEMPO, el general retirado del ejército mexicano Francisco Gallardo Rodríguez, doctor en Administración Pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), dijo que el proyecto del gobierno de Peña Nieto “no es una decisión de fondo, sino un maquillaje para mostrar al exterior que avanzamos y hay voluntad política de que se quiere avanzar en la discusión sobre el tema de las drogas”.

Analistas y autoridades estatales señalan ejemplos en los que la iniciativa se queda corta, como en el caso de que si bien se permite la posesión de hasta 28 gramos para autoconsumo, se deja en la ilegalidad la producción y venta de la marihuana, y de esa manera no se atacan las finanzas de los carteles ni la violencia que estos generan.

El gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, considera que México debería fijarse en una legislación como la que se está planteando y discutiendo en Canadá, que prohíbe el acceso de menores de edad a la marihuana, pero también ataca las finanzas de las esas organizaciones.

El mandatario regional de Morelos dice que se pueden recaudar impuestos de una industria legal de la marihuana que se usaría para atacar los problemas de salud pública generados por el consumo e invertir en educación y campañas de prevención.

Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, centro de pensamiento con sede en Ciudad de México, le dijo a este diario que en la discusión abierta por el gobierno de Peña Nieto hay muchos temas que deben ser resueltos y debatidos, y señaló que con el aumento de la dosis personal también “podría aumentar el número de adictos a la marihuana, así como la atención médica y los recursos públicos para atender las adicciones”.

Sobre el debate que se plantea acerca del cultivo de la amapola, aunque no hay una decisión tomada por el Gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sí preguntó a expertos a finales del 2015 si su país podría obtener autorización de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para cultivar y exportar amapola de opio para fabricar analgésicos.

La realidad

Una eventual regulación de la amapola dificultaría que las bandas narcotraficantes de México produjeran heroína, pero ante unas instituciones gubernamentales expuestas a la corrupción, con bajos recursos y el poder del dinero y la violencia del narcotráfico, algunos consideran que hay dudas sobre ese resultado.

Unos consideran que la regulación permitiría la existencia del mercado legal y el ilegal, lo que aumentaría la producción.

Para el general Gallardo, un probable escenario de regulación de la producción de amapola “podría impactar en las funciones que el ejército realiza contra el narcotráfico” en zonas de producción y tránsito.

Amenazada de destitución, la presidenta brasileña Dilma Rousseff estudia la posibilidad de renunciar a su cargo y pedir al Congreso que convoque nuevas elecciones presidenciales el 2 de octubre, informó el lunes el diario ‘O Globo’.

Expertos y sondeos estiman altamente probable que el Senado suspenda a Rousseff del cargo por hasta 180 días el próximo 11 o 12 de mayo, mientras es sometida a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas.

“Percibimos que el proceso de destitución está avanzando y decidimos en medio del camino encontrar una alternativa”, dijo el senador Paulo Paim, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), a ‘O Globo’. “En el PT crece el apoyo” a esta medida; “los sondeos dicen que la población quiere nuevas elecciones”, afirmó.

Una encuesta de Ibope divulgada la semana pasada mostró que un 62 % de los brasileños considera que la crisis política se resolvería con la renuncia de Rousseff y Temer y la convocatoria a nuevos comicios.

Paim admitió no obstante que hoy en día el PT no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar el pedido de nuevas elecciones para octubre -fecha en que están previstas elecciones municipales en todo el país-, que requeriría el apoyo de tres quintos de cada cámara (308 votos en Diputados y 49 en el Senado).

‘O Globo’ informó que la medida no cuenta aún con consenso entre todos los ministros aliados y enfrenta resistencias en el Movimiento de los campesinos Sin Tierra (MST), uno de los pilares de apoyo del gobierno. Contactada por la AFP, la Presidencia no quiso comentar la información.