Una comisión parlamentaria decidió que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasará ahora a su próxima fase, en el plenario de la Cámara de Diputados.
La decisión, que supone un nuevo paso hacia un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, en una comisión formada por 65 diputados que analizó las acusaciones contra la mandataria durante once sesiones.
El anuncio del resultado fue recibido con una ovación por los diputados opositores, que agitaron banderas brasileñas, gritaron “fuera Dilma” y entonaron el himno nacional en medio de un coro oficialista que los acusaba de “golpistas”.
En las calles de Brasilia, la votación fue seguida por una explosión de fuegos artificiales en varias zonas de la ciudad, en un claro respaldo a la decisión.
En la que ha sido la última reunión de esta comisión especial, interrumpida constantemente por discusiones entre parlamentarios, el diputado instructor, Jovair Arantes, reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
Según Arantes, las acusaciones contra Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015, “son de elevada gravedad” y tipifican un “delito de responsabilidad”, que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
En la misma sesión, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, reiteró que el “delito de responsabilidad” no llegó a ser tipificado e insistió en que, si las hubiera, esas irregularidades no pasarían de ser meras “faltas” administrativas.
“Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado”, declaró Cardozo, quien apuntó que “la historia no perdona” y “no olvidará esto”.
Los alegatos de Cardozo fueron desestimados por la mayoría de los miembros de la comisión, que le dieron curso al trámite.
A la hora de la votación, la mayoría de las formaciones, incluso varias de la base oficialista, admitieron sus divisiones internas respecto al proceso y liberaron a sus diputados para votar según “sus propias conciencias”.
Una vez aprobado en la comisión, el proceso proseguirá en el plenario de la Cámara de Diputados, que deberá ser convocado para sesiones extraordinarias de votación previstas para celebrarse entre los próximos viernes y domingo.
En esa instancia, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.
No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas, pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.
En caso de que el proceso sea respaldado en el pleno de la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.
El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.
Sin embargo, el propio Temer está bajo la amenaza de un juicio político, por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.
