Tegucigalpa. Extrañando la vida de lujos y comodidades que llevaban en los centros penales, los cabecillas de maras y pandillas, más conocidos como “los Toros”, cumplen ya su primer año de permanecer recluidos en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, ubicada en las afueras del municipio de Ilama (Santa Bárbara).
A un año de haberse realizado el primer traslado de 37 privados de libertad desde la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, esta nueva cárcel actualmente tiene una población de 1,386 reos y es el primer centro penal en Honduras con todas las medidas de máxima seguridad establecidas por los estándares internacionales.
De esta población, 511 ya cumplen sentencia condenatoria y 862 están en calidad de procesados. Asimismo, se encuentran 10 extranjeros procesados y tres cumplen condena. Del total de reclusos, 491 son integrantes de la Pandilla 18 y 295 de la mara MS-13.
Adiós privilegios
Fue la mañana del 19 de septiembre del 2016 cuando helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y un fuerte contingente de la Policía Militar del Orden Público irrumpieron en el centro penal de Támara, y sin que los cabecillas de maras y pandillas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, fueron movidos de sus cómodas celdas y trasladados al interior de las aeronaves.
Hasta ese momento los privados de libertad desconocían lo que era una cárcel de máxima seguridad, y en menos de una hora de vuelo se convirtieron en los primeros “huéspedes” de “El Pozo I”.
Atrás quedaron las lujosas celdas donde compartían muy amenamente con el resto de sus compinches. También desde ese día no volvieron a ver un televisor de plasma colocado en una pared, una refrigeradora repleta de cervezas, ni volvieron a probar un cigarrillo, un puro de marihuana o cualquier otro tipo de drogas que estaban acostumbrados a consumir.
Desde ese día se cortó el cordón umbilical de los famosos “Toros”, que operaban desde el interior de Támara, con toda la red de criminales que tenían en las principales ciudades del país y que recibían las ordenes desde el interior de ese centro penal para ejecutar masacres, venta de drogas, extorsión y cualquier otro delito relacionado al crimen organizado.
Con este movimiento ordenado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se ha logrado reducir la incidencia delictiva, específicamente los homicidios y las extorsiones, tal como lo demuestran las estadísticas, en especial las del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Lucha frontal contra las estructuras
Ese día, una vez concluido el primer traslado de reos de alta peligrosidad a “El Pozo I”, el presidente Hernández manifestó que “durante dos años y medio de Gobierno se ha venido desarrollando un plan de seguridad ciudadana que ha supuesto la desarticulación de los grandes carteles que teñían de sangre inocente nuestros hogares y contaminaban nuestras instituciones”.
Destacó que, “así como procedimos contra los cabecillas, seguiremos capturando a todo aquel criminal que pretenda rehacer esas estructuras criminales”.
Y, tal como anticiparon las declaraciones del presidente de la República, al día de hoy las estadísticas de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) revelan que la extorsión ordenada desde las cárceles ha disminuido en un 80 por ciento, mientras que el índice de homicidios para este año continúa a la baja, por lo que se espera una reducción de casi 43 homicidios por cada 100,000 hondureños, lo que será uno de los grandes éxitos de este Gobierno, tomando en cuenta la situación de violencia que encontró en el país.
400 cámaras vigilan a “los Toros”
En “El Pozo I” los privados de libertad no cuentan con las comodidades que tenían en sus antiguos centros penitenciarios, donde ellos eran los que gobernaban, por lo que tenían hasta teléfonos satelitales y radios de comunicación con los que se mantenían en contacto con sus similares en el exterior y les ordenaban la comisión de delitos.
En este centro penal están bajo estrictos controles de seguridad, entre ellos el monitoreo durante las 24 horas del día por medio de 400 cámaras de seguridad instaladas en el interior y exterior. Durante una hora diaria son llevados a un espacio acondicionado para que reciban la luz solar.
Estos peligrosos criminales no pueden comunicarse con sus compinches que guardan prisión y la única forma de comunicación con el exterior es por medio de cartas que les escriben a sus familiares, las cuales, antes de ser entregadas a sus parientes son leídas por el Consejo Técnico Interdisciplinarios (CTIs), lo que ha permitido evitar masacres y crímenes de impacto, así como secuestros, entre otros delitos.
Impacto positivo
El traslado de los privados de libertad de alta peligrosidad a “El Pozo I” ha producido un impacto positivo en materia de seguridad en el país.
Santos Nolasco, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), aseguró que en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa es donde se han visto los mayores índices de reducción de la incidencia delictiva, especialmente en los homicidios.
Dijo que las requisas que se hacen en los centros penitenciarios son otro de los factores que han ayudado a bajar la incidencia delictiva, ya que se han decomisado armas, drogas y celulares. Todas estas medidas de seguridad que se han tomado en los centros penales se ven reflejadas en las estadísticas de incidencia delictiva.
La disminución en los índices de criminalidad fue reconocida por el Índice Global de Paz, informe que en su última edición reveló que Honduras es el país que más ha avanzado en materia de seguridad en la región.
El reporte anual, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, reconoce que Honduras, Guatemala y El Salvador realizan un esfuerzo en conjunto por medio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica para erradicar la ola de criminalidad que abatió por años esta zona, pero se reconoce que Honduras es el país con mayor avance en materia de seguridad.
Criminales le temen a “El Pozo”
Germán McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), explicó que los traslados a la cárcel de máxima seguridad “El Pozo I” han representado para el país una reducción de homicidios, “ya que estas cárceles nos sirven para tener a las personas de alta peligrosidad y agresividad en cárceles de máxima seguridad”, añadió.
Pero además, destacó el funcionario, también “nos sirven de disuasivo para las personas que se encuentran delinquiendo o que pretenden delinquir, que saben que van a tener que cumplir una condena en una cárcel de máxima seguridad donde sus derechos son restringidos, siempre en el marco de la ley y observando el respeto a los derechos humanos”.
