WASHINGTON.- En medio de la ofensiva migratoria lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las ‘ciudades santuario’, conocidas así por su apoyo a los inmigrantes, afrontan el mayor peligro desde su establecimiento, en la década de 1980.
Trump firmó la semana pasada un decreto en el que ordena crear más centros de detención para indocumentados, ampliar el número de agentes de control fronterizo y la interrupción de fondos federales a ciudades pro-inmigrantes.
Las órdenes ejecutivas no cambian quiénes somos ni cómo gobernamos nuestras ciudades y lucharemos contra los intentos de socavar nuestros valores y la seguridad de nuestras ciudades”, advirtió la coalición Ciudades en Acción, que agrupa a las principales urbes que favorecen la migración, en un comunicado.
Trabajaremos para continuar construyendo la confianza entre los residentes de la ciudad y las fuerzas de seguridad”, agregó.
Ciudades en Acción se ha comprometido a proteger a los inmigrantes indocumentados de las amenazas de que puedan ser deportados por nuevas decisiones presidenciales.
REFUGIOS
Este tipo de ciudades incluyentes se caracterizan por brindar un respaldo, tácito o expreso, a los grupos de inmigrantes ilegales que arriban a dichas localidades en busca de trabajo y sustento.
Además, sus autoridades aplican políticas que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración a efectos de deportación, las cuales pueden estar sustentadas en la legislación local o simplemente se limitan a prácticas policiales.
11 millones de indocumentados se estima que viven en EEUU.
Entre las ciudades catalogadas como santuario destacan Nueva York, Chicago, Washington D.C., Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Miami, Boston, Houston, Dallas, Austin, Seattle, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore y Phoenix.
De acuerdo con el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), se tiene registro de más de 360 municipios y comunidades estadunuidenses que adoptan este tipo de políticas favorables a la migración.
California, Connecticut, Vermont y Rhode Island se posicionan como los estados cuyas autoridades actúan de manera casi independiente frente a las entidades federales.
El Centro de Investigaciones Pew reveló recientemente que Nueva Jersey, Pensilvania, Louisiana, Washington, Minnesota, Utah y Virginia son los estados que más han visto aumentar su mano de obra de inmigrantes indocumentados en los últimos años.
A consideración del gobierno fe No cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes migratorias
El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en ingles), considera que las medidas implementadas por las ‘ciudades santuario’ son “no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes migratorias”, acusándolas de violar las leyes federales.
EN PIE DE GUERRA
La declaración de ‘guerra’ de Trump a las ‘ciudades santuario’ fue prácticamente una promesa de campaña que hoy se ha tornado realidad.
Ante la embestida, los gobiernos y autoridades de San Francisco, Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Seattle, entre otras, prometieron públicamente proteger a los inmigrantes indocumentados, quienes temen deportaciones masivas e injustas.
Los valores, leyes y políticas de Washington D.C. no cambiaron con la elección presidencial”, advirtió hace unos días Muriel Bowser, alcaldesa de Washingto.
En un tono similar se han pronunciado otros regentes.
Siempre nos veremos como una ciudad santuario, y seguiremos acogiendo a todos”, aseguró Ted Wheeler, alcalde de Portland.
Sé que hay mucha gente enfadada y frustrada y con miedo, pero nuestra ciudad nunca ha sido así. Hemos sido y vamos a seguir siendo una ciudad de refugio, una ciudad santuario, una ciudad de amor”, declaró Ed Lee, alcalde de San Francisco.
Precisamente Lee acaba de anunciar que la ciudad californiana ha presentado una demanda contra el presidente Donald Trump, por su decisión de retirar los fondos federales a las ‘ciudades santuario’.
La demanda, la primera respuesta judicial a la medida firmada por Trump, explica que la orden ejecutiva viola la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se asegura que los poderes no concedidos al Gobierno federal deben recaer sobre los propios estados.
Con su descarada falta de respeto hacia la ley, el presidente de Estados Unidos buscar coaccionar a las autoridades locales y que así abandonen sus leyes y políticas referidas a las llamadas ‘ciudades santuario’”, reza el texto, presentado en la corte federal de San Francisco por el fiscal general Dennis Herrera.
TEXAS: GOBERNADOR VS. ALCALDES
En Texas, la defensa de los inmigrantes se ha convertido en una auténtica lucha entre el gobernador Greg Abott, partidario de las medidas decretadas por Trump, y alcaldes y jefes de policía de varias ciudades que se oponen a cumplir las ordenanzas federales.
El alcalde de Austin, Steve Adler; el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, han expresado públicamente una postura favorable al tema de la inmigración.
Al igual que los jefes de policía de Houston, Austin, Garland y Fort Worth, así como el sheriff del condado Harris.
FLORIDA TAMBIÉN LIBRA UNA BATALLA
La situación para los inmigrantes indocumentados en Florida, uno de los estados con población más diversa, se ha complicado a raíz del aparente apoyo del gobernador de la entidad, Rick Scott, a las medidas decretadas por Trump.
Amamos a los inmigrantes. Somos un estado de inmigrantes. Somos un país de inmigrantes, pero nos preocupamos por la seguridad pública”, dijo Scott.
Es un tema que está concentrado en la seguridad pública, y yo estoy centrado en la seguridad pública en mi Estado, pero sé que está enfocada en mantener seguro a nuestro país”, agregó.
El caso se complica aún más tras la aprobación en el Senado de una propuesta de ley que incrementará las penas de delitos cometidos por personas en dicha situación.
La iniciativa, presentada por el senador republicano Travis Hutson, busca castigar hasta con 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares a los inmigrantes que tienen una orden de deportación y permanecen en el estado.
A su vez, el alcalde del condado de Miami-Dade , Carlos Giménez, instó al Departamento de Prisiones y Rehabilitación de su localidad a cumplir con todas las solicitudes de detención que ordene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la orden dada por Trump.
Sin embargo, una comisionada de la entidad desafió la orden.
En una carta enviada a Giménez, la comisionada Daniella Levine Cava lo instó a reunirse cuanto antes con la Comisión y le sugirió incluso unirse a otras jurisdicciones federales que han demandado en las cortes a la medida ejecutiva de Trump.
Líderes locales de la comunidad latina han celebrado reuniones para crear estrategias y planes de acción ante la situación que viven los inmigrantes en estos momentos a nivel nacional.
Con información de Los Angeles Times, The New York Times y agencias.
