Xavier Becerra, de 58 años, hijo de inmigrantes mexicanos, será el nuevo fiscal general de California, el cargo equivalente al ministro de Justicia del Estado. El anuncio hecho público hoy por el gobernador, Jerry Brown, despeja una gran incógnita que habían dejado estas elecciones en el Estado más poblado de Estados Unidos, tras la salida de su fiscal general para servir en el Senado en Washington. Becerra, el primer latino en ocupar la máxima autoridad judicial de California.

Becerra ha sido durante 14 años congresista por el distrito del centro de Los Ángeles y en su última etapa fue el líder del grupo de los demócratas en la Cámara de Representantes. Nacido en California, sus padres fueron trabajadores humildes. Su madre es inmigrante de Jalisco.

Él fue el primero de su familia en ir a la universidad. Se graduó en leyes y en economía en la Universidad de Stanford y pasó un tiempo en la Universidad de Salamanca, en España. Habla excelente español, algo no muy habitual en latinos de segunda generación de su edad en California.

El nombramiento de Becerra le sitúa en la primera línea de defensa de un Estado que lleva tres semanas en estado de nervios tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. Las principales autoridades de California preparan ya el terreno para defender las políticas más progresistas de Estados Unidos, principalmente en tres temas, inmigración, cambio climático y sanidad.

En la primera frase del comunicado en el que acepta en nombramiento, Becerra se define como “hijo de inmigrantes” y dice que su prioridad política es “luchar por familias trabajadoras como la familia en la que crecí”.

California es el Estado con más inmigrantes de EE UU, tanto legales como ilegales. Desde hace años, está haciendo su propia reforma migratoria a través de leyes que por un lado protegen de la deportación, en la medida de sus posibilidades de jurisdicción, y permiten a los inmigrantes irregulares participar en ayudas públicas o tener un permiso de conducir provisional. La protección de estos inmigrantes es una política de Estado que apenas admite debate. El Partido Republicano es una fuerza marginal en las principales instituciones.

La lucha contra el cambio climático es, después de la estabilidad fiscal, la prioridad absoluta del gobernador Brown, que quiere convertir esa política en su gran legado. Al día siguiente de las elecciones, Brown publicó un comunicado advirtiendo que no permitirá a la futura administración Trump desviar el curso de esas políticas. Este jueves, al nombrar a Becerra, insistió: “Estoy seguro de que será un campeón de los californianos y ayudará a nuestro Estado a combatir el cambio climático firmemente”.

California es también el Estado que ha abrazado la reforma sanitaria de Barack Obama, conocida como Obamacare, con mayor entusiasmo. Alrededor de 4,6 millones de personas han contratado su seguro a través del programa Covered California, montado por el Estado para facilitar el acceso a Obamacare y el Estado recibe 20.000 millones de dólares en fondos federales para esos subsidios para seguros médicos.

En definitiva, todas las prioridades políticas de California son opuestas a las promulgadas por el presidente electo Trump durante la campaña. El conflicto está servido y todos estos asuntos tienen muchas posibilidades de acabar en los tribunales, como el Estado de Texas hizo con Obama. Texas denunció judicialmente a la Casa Blanca al menos 45 veces, y logró frenar parcial o totalmente desde Obamacare hasta la orden ejecutiva que extendía la protección de algunos inmigrantes contra la deportación. Greg Abbott, fiscal general de Texas hasta 2015 y hoy gobernador, bromeó una vez sobre su trabajo: “Voy a la oficina, demando al Gobierno federal y me voy a casa”. En el hipotético choque total entre California y Trump que los líderes estatales parecen estar anticipando, ese sería el papel de Becerra.

En una entrevista con Diario EL PAÍS en 2014, poco antes de que Obama anunciara sus medidas ejecutivas de apoyo a los inmigrantes, Becerra se mostraba convencido de que una reforma migratoria integral en un país con 11 millones de indocumentados será inevitable en algún momento: “La reforma migratoria es una ola que viene y nadie la va a parar en este país, y mucho menos los políticos. Los políticos son los últimos que van a salir del agua, boqueando. Eso, los que quieran sobrevivir. Porque es un cambio palpable, evidente. Igual que pasamos de la economía agrícola a la industrial y de ahí a la de Internet. Uno puede querer quedarse en el mundo de ayer, pero no va a sobrevivir igual. La inmigración ya está con nosotros. Mejor hacer a esa ola trabajar a nuestro favor en vez de dejar que nos tumbe”.

Donald Trump ganó las elecciones por 100.000 votos de ventaja en el norte industrial, al tiempo que perdía por 3 millones de votos en California. Su rival, Hillary Clinton, le saca una ventaja de 2,5 millones de votos cuando aún faltan cientos de miles de papeletas por contar en California.

Becerra sustituye a Kamala Harris, una fiscal general que hizo su carrera llevando a los bancos a los tribunales en California por la crisis hipotecaria. Harris, una favorita del establishment demócrata que recibió el apoyo público de todo el partido, arrasó en las elecciones del pasado 8 de noviembre para hacerse con el escaño de senadora en Washington de Barbara Boxer, que se retira después de 24 años en el Senado. Harris, de herencia negra y asiática, es la primera senadora negra de California y la primera senadora de ascendencia asiática de Estados Unidos.

El republicano Donald Trump, adicto a los baños de masas, salió este jueves de su encierro dorado en Torre Trump de Manhattan para volver el Medio Oeste, donde en la campaña electoral encontró una base de votantes —la clase trabajadora blanca— que le ayudó a derrotar a la demócrata Hillary Clinton. Por la noche participará en un mitin en Cincinatti (Ohio).

Antes visitó Indianapolis (Indiana) para anunciar, en un discurso en el que de nuevo señaló a México, el rescate de mil empleos de una fábrica de aparatos de aire acondicionado. El plan, que incluye rebajas fiscales de siete millones de dólares en diez años, deja sin resolver los problemas de fondo de esta región industrial golpeada por la robotización y la globalización.

Es una mezcla de gira nostálgica y triunfal. El mitin de Ohio será el primero desde que terminó una campaña electoral en la que usó estos foros como una de sus armas más efectivas.

La visita a la planta de Carrier, en Indianapolis, tenía mayor calado. Se trataba de un gesto que le permite proyectar la imagen de presidente que cumple sus promesas. Carrier se convirtió durante la campaña en un símbolo. Había anunciado el traslado de 2.300 empleos a México y Trump lo aprovechó como ejemplo de los males de los tratados de libre comercio. Una de sus promesas era que, si ganaba las elecciones, forzaría a United Technologies, empresa matriz de Carrier, a mantener los empleos en Indianapolis.

“Las compañías no volverán a marcharse de Estados Unidos sin consecuencias”, dijo Trump en un discurso en el que retomó la retórica populista de la campaña. Reiteró que construirá el muro en la frontera con México, una promesa que ha dejado en un limbo de inconcreción desde que ganó las elecciones.

Y cargó de nuevo contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en sus iniciales inglesas), que une a México, Canadá y EE UU. “Tenemos NAFTA, que es un desastre total y completo”, dijo.

El acuerdo entre Trump y los jefes de Carrier es un golpe político y un beneficio obvio para las mil personas que seguirán trabajando en la fábrica. Pero la letra pequeña esconde una victoria a medias y suscita dudas sobre la estrategia del presidente-electo para combatir la desindustrialización.

Se salvarán mil empleos, pero 1.300 más —600 de Carrier y 400 de otra planta de United Technologies en Huntington (Indiana)— se irán igualmente a México, según la revista Fortune.

No se han difundido las condiciones del acuerdo entre el presidente-electo y United Technologies, pero de varias declaraciones y filtraciones a los medios de comunicación se deduce que consisten en tres partes, según la publicación qz.com. Primero, rebajas fiscales de hasta 700.000 dólares anuales del Estado de Indiana, cuyo gobernador es todavía el vicepresidente-electo, Mike Pence. Segundo, la promesa de rebajar impuestos federales a las grandes corporaciones, promesa que requerirá del apoyo del Congreso para cumplirse. Y tercero, la velada amenaza de Trump con dejar de comprar a United Technologies, fabricante de motores de aviones de guerra y otro material militar, y proveedor del Gobierno federal.

 El anuncio rompe con la doctrina tradicional que en las últimas décadas abanderó el Partido Republicano de Trump. Esta doctrina dictaba que los poderes públicos no debían inmiscuirse en el funcionamiento de la economía capitalista. Además de distorsionar el mercado, las prácticas clientelares con dinero del contribuyente rompían la imagen de EE UU como paraíso del libre mercado.

“Es terrible para la vitalidad económica de la nación si las empresas toman decisiones para complacer a los políticos en vez de a los clientes y a los accionistas”, escribe el economista conservador James Pethokoukis, del laboratorio de ideas American Enterprise Institute, en la publicación The Week. “Imaginen empresa tras empresa, año tras año, tomando decisiones basadas parcialmente en complacer a la Casa Blanca de Trump. Además, el hostigamiento de Trump contra el comercio y la deslocalización distrae de la realidad de que la automatización plantea un desafío clave a la fuerza de trabajo americana en el futuro”.

Desde la otra orilla ideológica, senador socialista Bernie Sanders, que en su campaña contra Clinton en las primarias demócratas criticó los tratados de libre comercio y prometió actuar contra las deslocalizaciones industriales, desaprueba el gesto de Trump con Carrier. Sanders sostiene que, al rebajar impuestos a una empresa que amenaza con llevar los puestos de trabajo al extranjero, Trump pone en peligro otros empleos que hasta ahora eran seguros.

“Ha señalado a todas las corporaciones de América que pueden amenazar con externalizar empleos al extranjero a cambio de beneficios fiscales e incentivos favorables a las empresas”; escribe Sanders en The Washington Post. “Incluso corporaciones que no estaban pensando en externalizar empleos probablemente revalúen su posición esta mañana”.

El declive de los empleos industriales en EE UU no se detendrá con la operación de Carrier. Los mil puestos salvados representan el 0,2% de empleos en el sector manufacturero de Indiana, según The New York Times, que añade que en este Estado los empleos en el sector han caído en un 20% desde el año 2000.

Trump ganó las elecciones con un mensaje que apelaba a los trabajadores del antiguo pulmón industrial de EE UU, el llamado rust belt o cinturón del óxido. Conectó con una clase trabajadora blanca que se sentía abandonada por su partido tradicional, el demócrata. La paradoja es que fue un presidente demócrata, Barack Obama, quien rescató General Motors en 2009, y el más de un millón de empleos que dependían de este y otros fabricantes de automóviles. Y fue la demócrata Clinton la que presentó el programa más detallado con ayudas a estos votantes. Por ejemplo, en forma un aumento del salario mínimo.

Trump, que jurará el cargo el 20 enero, ha combinado una retórica populista con decisiones que contrarrestan este mensaje, como el nombramiento en su gabinete de millonarios y banqueros de Wall Street.