Tal son los casos de Alfredo Hawit, Rafael Callejas, Fabio Lobo, los hermanos Valle y Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo, todos ellos se han declarado culpables ante tribunales de la Unión Americana.
No es el mismo caso de los primos Yankel y Yani Rosenthal, ambos no han aceptado culpabilidad por los delitos que se les acusan y enfrentan sendos procesos en EEUU.
Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, tampoco ha aceptado declararse culpable por los delitos de narcotráfico que le imputa una corte federal del Estado de Nueva York.
Bajo la lupa de analistas consultados por periodico Proceso Digital, las garantías y la prueba científica de que se vale la justicia norteamericana, así como la negociación de la pena a cambio de información que contribuye a llegar a otras redes criminales, son importantes aspectos que conducen a los imputados a declarar su culpabilidad.
En Honduras ninguno de ellos enfrentó procesos por los delitos señalados en Estados Unidos. De acuerdo a las reflexiones de los entrevistados el sistema garantista explica el comportamiento de los imputados cuando deciden someterse a la justicia de la potencia del norte del continente.
Otros hondureños, señalados por ilícitos, incluso han preferido entregarse a la estadounidense, considerando los incentivos que ofrece el sistema judicial en las tierras del Tío Sam.
Diferencia en la aplicación de justicia
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, es del criterio que “en otros sistemas, como el de Estados Unidos es implacable para castigar temas como lavados de activos, narcotráfico, no es el mismo sistema de impunidad que por años y décadas ha existido en nuestro país. Allá se aplica la ley y es pareja para cualquier ciudadano que cometa un acto que infrinja con la ley o aquel hombre o mujer que ha utilizado otro país para cometer los actos de corrupción, narcotráfico u otro”.
Castellanos esbozó que “la fortaleza que tienen ellos es judicial, algo que añoramos como país. Nosotros hemos vivido en un sistema de impunidad, donde vemos que el culpable de un delito no va preso, no es castigado, ni sancionado. Ni siquiera es castigado administrativamente, pero es algo que se ha vivido en el país y no cambiará de la noche a la mañana, pero sí estamos trabajando en eso”.
La representante de sociedad civil citó que “hemos visto que muchas personas se han declarado culpable y así hay una reducción en la pena, importante, pero no es que terminan siendo testigos protegidos, son castigados pero por su colaboración hay una reducción en la pena. Definitivamente cuando el sistema de los Estados Unidos señala lo hace porque presenta requerimientos fiscales y con pruebas fuertes, respaldadas con hechos respaldados”.
EEUU construye casos con pruebas fehacientes
El abogado penalista Marlon Duarte, criticó que en Honduras existe una política de condena. “Aquí existen salas y jueces que tienen una orden definida de mandar a todos presos. He conocido casos de gente que se declara culpable porque de antemano el abogado defensor sabe que por la política institucional si se va a un juicio lo condenan aunque sea inocente”.
Diferenció que lo que existe en Estados Unidos es un trato que si el imputado se declara culpable es con el entendido que tiene que “aportar” información para negociar una disminución de la pena.
“En nuestro país es diferente. Condenan inocentes y lo obligan a declararse culpable”, apostilló.
Destacó que la justicia norteamericana construye todos sus casos judiciales con pruebas fehacientes. “Los estadounidenses construyen el 90 por ciento de sus casos de acuerdo a los “sapos” (informantes), que son los mismos que han tenido contactos y éste como se dice vulgarmente sueltan toda la sopa. Es decir, al ofrecer detalles de las transacciones detalladas, llega el momento que el acorralamiento no deja otra que el imputado que se declare culpable”, añadió.
El profesional del derecho recomendó legislar en el sentido que la justicia pueda hacer tratos con imputados para que éstos faciliten llegar a otras estructuras. “Por ejemplo, aquí le declararon un antejuicio a dos juezas, sin embargo otro país hubiera agarrado a estas juezas, las usa como testigos y les da diferente trato, con el afán de desentrañar los casos por las que fueron procesadas y así llegar a otros actores”.
Refirió que la legislación nacional establece el criterio de oportunidad, el que reza que el fiscal general podrá autorizar esta figura jurídica en delitos de criminalidad organizada, bajo la premisa que al que le están otorgando el beneficio, está ofreciendo información suficiente para llegar a autores de mayor peso.
Asimismo, ejemplificó que el caso de nueve agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), quienes llegaron hasta la instancia de juicio oral y público sin tener las suficientes pruebas para incriminarlos.
“Hubiera sido mejor agarrar a dos de esos nueve para que declararan, bajo el criterio de oportunidad, con el objetivo que brindaran detalles exactos que pudieran establecer quienes sustrajeron la cantidad de dólares que alegó la Fiscalía.
La aceptación de culpabilidad contribuye a economía procesal
De su lado, el abogado Eduardo Villanueva manifestó a Proceso Digital que la declaración de culpabilidad en EEUU forma parte de una serie de circunstancias mediante las cuales el procesamiento penal se realiza y contribuye a ahorrar mediante la economía procesal un largo juicio en el que las consecuencias pueden ser diferentes, en caso de encontrarse agravantes u otras condiciones que puedan volver más dura o más severa la sanción.
La aceptación de culpabilidad implica que el imputado asume la responsabilidad de haber cometido un ilícito penal y eso tiene algún beneficio para el imputado, derivado de su aceptación, sin perjuicio que contribuye con la Fiscalía a ofrecer otros elementos que puedan ser efectivas las sanciones contra otras personas que se hayan mencionado.
Villanueva destacó que la aceptación de culpabilidad contribuye con la economía procesal, un extremo perseguido por los sistemas judiciales más perfectibles.
Mencionó que la aceptación de culpabilidad por parte de un imputado, que asume su responsabilidad como tal, en los aspectos que representan no solo la sanción penal, sino que también la restauración de los daños causados pueden disminuir en cierta medida el indicio de responsabilidad y la sanción.
Puntualizó que cualquier herramienta que contribuya a que funcione la economía procesal como un principio del proceso penal “es importante porque actúa en beneficio de todos”.
Honduras tiene sistema de justicia cerrado
Otro de los entrevistados por Proceso Digital, el abogado penalista, René Altamirano, explicó que la justicia de Estados Unidos le da la potestad de negociar legalmente a los fiscales con los imputados o los abogados de la defensa, en tanto en Honduras la única negociación que hay es aceptar una pena menor y es una aceptación incondicional del hecho, es decir que así como se acusa es la única manera que puede aceptar para una rebaja de la pena.
Distinguió que en Estados Unidos la negociación implica todo, le pueden quitar un delito, se lo pueden modificar, allá puede poner condiciones para negociar y en Honduras no, acá el sistema de negociación es cerrado. Allá la gente por una pena menor prefiere negociar.
El togado arguyó que “allá (EEUU), una persona puede ser condenada a 10 o 15 años y aún cuando la pena puede tener un punto de negociación para que la rebajen; en Honduras no es posible, la única forma es cumplir o una libertad condicional cuando cumple la mitad de la condena en los casos menores de 12 años o de dos tercios en los mayores de 12 años”.
Altamirano remarcó que la diferencia es el mecanismo de negociación abierto que hay en Estados Unidos, además allá primero se hace una investigación con pruebas legítimas, testimonios, pruebas científicas y hasta que terminan de investigar deciden presentar una acusación.
“En Honduras con un elemento superficial presentan una acusación y cuando el abogado mira que la pretensión del Ministerio Público se fundamenta en una prueba frágil o en un proceso que no está terminado de investigar es recomendable ir a juicio y a pelearlo”, apuntó.
Concluyó que “las penas de Estados Unidos son menores que acá, por ejemplo por un delito de tráfico son 15 años y un millón (dólares) de multa, allá los que se han llevado no hay ninguno que llegue a 15 años, la mayoría 10, ocho, cinco, las penas son inferiores”.
