El fiscal general de Brasil recomendó el jueves anular la designación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro de Dilma Rousseff, por considerar que se trató de un subterfugio para escapar de la justicia ordinaria en el caso de Petrobras.
El procurador Rodrigo Janot dijo en un informe enviado a los magistrados del Supremo Tribunal federal (STF) que “hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial” que nombró al exmandatario (2003-2010).
Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), es investigado por presunta ocultación de bienes procedentes de la trama de corrupción en la petrolera estatal, un caso que lleva el juez de primera instancia Sergio Moro.
Lula fue investido ministro jefe de gabinete el 17 de marzo, pero el juez del STF Gilmar Mendes suspendió la designación, por sospechar que su objetivo era ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria. El exmandatario dijo en un acto político el fin de semana que esperaba que el STF autorizara su ingreso al gobierno este jueves.
Pero hasta ahora no se realizó la sesión plenaria que decidirá si Lula finalmente podrá asumir el cargo. La posición de Janot “puede ayudar a convencer a los ministros del STF indecisos, pero aún es temprano para proyectar cual será la decisión. Hay buenos argumentos para aceptar su designación como ministro.
El STF será cuidadoso para no generar un precedente de interferencia de jueces en nombramientos políticos”, explicó a la AFP Michael Mohallen, doctor en derecho público y derechos humanos y profesor de la universidad privada FGV en Rio de Janeiro.
Mientras decide, todo lo referente al caso Petrobras que involucre a Lula fue sacado de las manos de Moro y asumido por el STF con orden de secreto judicial.
Lula declaró este jueves ante la fiscalía general en Brasilia, en el ámbito de la operación Lava Jato (lavado a presión), como se denomina a la investigación que investiga la corrupción en la petrolera estatal. El exmandatario ya había sido llevado a declarar por la fuerza en marzo, por orden del juez Moro.
Cambio de parecer
Janot había considerado el 28 de marzo que el nombramiento de Lula como ministro era una “competencia constitucional” de Rousseff y que su bloqueo “podría causar graves daños al orden institucional”. Pero ahora cambió de parecer y respaldó con fuerza las sospechas del juez del STF.
Para Janot, la designación del expresidente buscó en efecto “afectar la competencia” de Moro y “perturbar el avance de las investigaciones criminales” en la operación Lava Jato. Janot explicó que cambió de opinión después de analizar “elementos más amplios”, como el audio liberado por Moro de una conversación interceptada entre
Lula y Rousseff.
En esa conversación, la mandataria le informaba a su mentor y predecesor que le enviaría el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”, antes de la ceremonia oficial. Esas declaraciones fueron interpretadas como una voluntad de poner a Lula al abrigo de una eventual orden de arresto, algo que Rousseff niega con vehemencia.
Janot también tuvo en cuenta la confesión del senador oficialista Delcidio de Amaral, en el marco de un acuerdo con la justicia a cambio de una reducción de pena, en la que incriminaba a Rousseff y a Lula en el caso Petrobras.
