El proceso de depuración de la Policía Nacional ha dejado como resultado 528 oficiales “aplazados” en las pruebas de confianza, es decir un 31 por ciento, mientras que un total de 1,683, o sea un 69 por ciento de la escala básica “reprobados”.
Las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) emitieron ayer un informe de la actividad que han realizado, la anterior y la actual administración.
La Dirección ha evaluado 9,132 miembros de la Policía, de ellos 7,439 aprobó los mecanismos de confianza, pero un 19 por ciento, es decir 1,693 salió “aplazado”. En total, hasta diciembre del 2015 la Dirección ha evaluado a 17,862 personas, de ellos 9,132 son policías; 8,730 aspirantes y 1,000 reevaluados.
Es decir que la Dirección ha aplicado 30,121 pruebas de confianza, incluyendo toxicológicas, de polígrafo, sicométricas y patrimoniales, siendo el 2015 cuando mayor número de exámenes hubo, es decir 16,703.
Por otra parte, durante tres años de gestión, la ciudadanía ha interpuesto un total de 2,865 denuncias contra miembros de la Policía Nacional por diferentes delitos, muchas de las cuales ya están en proceso de investigación y otras han sido enviadas al Ministerio Público. De esas denuncias como de la investigación realizada posterior a la realización de las pruebas de confianza, la DIECP ha remitido al Ministerio Público un total de 1,206 expedientes, de ellos 259 son de la escalas 1, 2 y 3 y de las escalas 4, 5 y 6, de los cuales solo hay un caso judicializado.
Se destaca que de esos casos, 280 no tienen indicio de responsabilidad penal, por lo que ha procedido el cierre por parte del ente operador de justica. Por otra parte, 27 investigaciones financieras y patrimoniales por incongruencia en el patrimonio de los policías han sido enviadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un monto de 291 millones de lempiras.
Las autoridades de la DIECP informaron que entre 2012 al 2015 libraron 464 copias certificadas de expedientes de evaluación con su respectivo documento vinculante a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
DROGAS
Un total de 340 miembros de la Policía Nacional que consumen droga, no han sido depurados por la Secretaría de Seguridad y continúan laborando en la institución, pese a que la falta es constitutiva de despido. El consumo fue comprobado tras la realización de pruebas toxicológicas aplicadas por la DIECP.
Según los informes, de un total de 613 agentes solo fueron depurados 273 agentes que salieron positivo en el consumo de varias drogas, resultado que salió reflejado tanto al consultar en la prueba del polígrafo como en la toxicológica, es decir que continúan al frente de la institución 340 elementos, pese a las resoluciones y dictámenes técnicos emitidos por la dirección depuradora.
Las autoridades de la Dirección, revisaron y consultaron a la Secretaría de Seguridad el porqué no se había hecho la separación, a lo que indicaron que ellos (los policías) están amparados en la antigua Ley Orgánica de la Policía Nacional que no establecía la realización de audiencias de descargo a los uniformados y por ende no pueden ser dados de baja porque se respetaron sus derechos.
Cuando ahondaron en las investigaciones, la DIECP encontró que esos 613 sí están incluidos durante el periodo que ya había sido realizada a la reforma a la Ley Orgánica, es decir cuando ya se hablaba de las audiencias de descargo.
El artículo 18-A reformado establece que: “en el caso de que el resultado de la investigación y/o evaluación practicada establezca que el servidor policial no cumple con los requisitos de idoneidad o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la DIECP, luego de haberle oído en audiencia de descargo, emitirá un dictamen técnico”.
Las audiencias de descargo se realizan a los miembros de la Policía que reprobaron una o varias de las pruebas de confianza y comprende una citación individual y personal para que comparezca ante la DIECP en el lugar, hora y fecha señalada y con la anticipación comprendida en los términos de ley, luego de las cuales se emite un dictamen técnico, enviado al ministro de Seguridad, mismo que tiene carácter vinculante para proceder a dar de baja al elemento policial.
