San Pedro Sula.- En una reunión sostenida entre autoridades de la SESAL y la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CRIC), se acordó diseñar una hoja de ruta para recibir y atender a migrantes irregulares provenientes de México, Guatemala y Estados Unidos como estrategia de prevención a la propagación del COVID-19.
El tema central en este primer acercamiento fue la población vulnerable, específicamente, los privados de libertad y migrantes retornados, esto con el objetivo de garantizar atención médica y respeto a los derechos.
La doctora, Sophie Lisa de Vris, representante de CRIC en Honduras, manifestó la intención que tiene el organismo internacional de contribuir a la SESAL a fortalecer y acondicionar espacios de aislamiento, de igual forma, contratar recurso humano de manera permanente para el centro de atención al migrante retornado.
“Trabajamos en conjunto con la SESAL para implementar actividades con las diferentes poblaciones el país, migrantes, privados de libertad, hospitales, ahora estamos viendo como podemos apoyar en esta crisis de COVID-19, pero también para continuar con las actividades que desde un par de años llevamos ejecutando”, detalló Sophie.
Continúo expresando que “las formas de retorno de la población migrante están variando y así como la necesidad de establecimiento de medidas de manejo sanitario para la reducción del contagio, tanto de la población que retorna al país como de la general, coordinaremos con la Región de Cortés y San Pedro Sula para apoyar técnicamente a los CAM-R”.
Con respecto a la población privada de libertad, la doctora Cinthia Diaz, miembro de la CRIC, enfatizó que existe una alta vulnerabilidad y grandes posibilidades de contagio por encontrarse en espacios cerrados. “A través del instituto nacional penitenciario y la SESAL se han hecho alianzas para poder fortalecer los servicios y mejorar la calidad de vida y la salud de los privados”.
Además, el conversatorio contó con la participación del subsecretario del despacho de salud, doctor Roberto Cosenza, la jefa de la región metropolitana, Lesbia Villatoro y la doctora Dinora Nolasco, directora de la región departamental, quienes se comprometieron a realizar mesas de trabajo para abordar las debilidades en el sistema de salud en la zona norte del país.
“A estas personas no solo las queremos ver como un paciente enfermo de COVID-19, sino más bien como una persona integral”. Indicó el viceministro Cosenza.
El Dr. Cosenza recalcó que la intención de la SESAL y el CRIC, es fortalecer los protocolos en los tres Centros de Migrantes Retornados (CAMR), ubicados en: el Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales, la comunidad de Corinto en Omoa, Cortés, y Centro Belén, en San Pedro Sula. Por otro lado, sugiere al Sistema Nacional de Emergencia (SINAGER), la mejora de infraestructura en albergues y la implementación de personal médico y psicólogos para los migrantes.
“Hemos estado abordando estos temas con la cruz roja internacional y como debemos trabajar para fortalecer todas estas etapas que un migrante hondureño pasa al momento de llegar por vía terrestre al territorio nacional”. Cosenza agregó que esta parte emocional, no solo la requieren los hondureños deportados, sino todos los que han estado encerrado durante esta cuarentena, personal médico en los centros asistencial y demás personas que de una u otra manera le afectado el tema del virus.
Ambas instituciones acordaron trabajar un mecanismo para la validación de los resultados emitidos en otros países, ya que deben ser refrendados localmente por la Secretaría de Salud.
Finalmente, cifras reveladas por el CRIC, indicaron que hasta la fecha, han ingresado 20,182 hondureños deportados vía terrestre. También estiman que la población de reos en centros penitenciarios de Honduras supera los 20,000 privados de libertad, donde ya se reporta un muerto en el centro de Ilama, Santa Barbara y un contagiado en el recinto penitenciario Marco Aurelio Soto.
