Un juez federal en California bloqueó este jueves 31 de julio la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión judicial permite que miles de beneficiarios mantengan, por ahora, sus permisos de permanencia legal y autorización de empleo en Estados Unidos, al considerar que el intento de cancelación del TPS no cumplió con los requisitos legales ni justificó adecuadamente el cambio de política.
La medida representa un revés para las autoridades que habían decidido que el fin del TPS para estos ciudadanos acabase el 8 de septiembre de este año.
Designación de Honduras para el TPS
El TPS para Honduras fue designada inicialmente el 5 de enero de 1999, debido a un desastre ambiental que ocasionó una alteración sustancial, aunque temporal, de las condiciones de vida, a petición del gobierno hondureño, y debido a la imposibilidad temporal de Honduras de gestionar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos.
La designación se había extendido continuamente desde su inicio hasta el 6 de noviembre de 2017.
El TPS a Nicaragua se otorgó por primera vez el 5 de enero de 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó previamente que las condiciones en los países de origen de los inmigrantes ya no justificaban las protecciones, que les impiden ser deportados y les permiten trabajar en Estados Unidos.
El Gobierno de Trump ha buscado agresivamente eliminar la protección, haciendo que más personas sean elegibles para la deportación.
Las terminaciones son parte de un esfuerzo amplio por parte de la administración republicana para deportar inmigrantes en masa, persiguiendo a personas que están en el país ilegalmente, pero también eliminando protecciones que han permitido a personas vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
Noem puede otorgar estatus de protección temporal a personas de varios países ya presentes en Estados Unidos si las condiciones en su país de origen impiden un retorno seguro, como en caso de desastre natural o inestabilidad política.
El Gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara y no revisable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos de la administración en materia de inmigración y política exterior.
El abogado del Departamento de Justicia William Weiland dijo que no es un pretexto tener una visión diferente de un programa que proporciona refugio seguro temporal.
“No está destinado a ser permanente”, dijo el martes.
