Casi todas las grandes batallas políticas, e incluso las guerras que ha vivido Argentina antes de que se llamara así, han venido por la Aduana y por el control de ese gran negocio que es el puerto de Buenos Aires. Incluso la propia independencia está impulsada en parte por comerciantes hartos de negociar de forma exclusiva con España.

“La primera gran discusión política de argentina en 1810 fue quien se quedaba con el puerto y la aduana. Los unitarios querían todo el poder en Buenos Aires porque estaba el puerto y la aduana. Los federales querían distribuir ese poder. Es el gran tema hace 200 años. El contrabando llegó antes que Argentina”, explica Marcelo Elizondo, director de la consultora de comercio exterior DNI y exdirector de Exportar, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Ya entonces el contrabando era una forma de vida habitual en Buenos Aires. A sus ciudadanos se les llama “porteños” precisamente por la importancia de su puerto, que era y es –aunque en los últimos años creció mucho también el de Rosario- la salida al exterior del llamado granero del mundo, un territorio extremadamente fértil que fabrica alimentos para 400 millones de personas.

Es ahí, en la Aduana, donde palpita la economía de un país exportador y donde ha estallado el primer gran escándalo de la era Macri: el presidente ha destituido a su director, Juan José Gómez Centurión, después que llegara al Gobierno una denuncia anónima con grabaciones secretas en las que se apuntaba a su posible participación en una red para hacer la vista gorda en la Aduana.

Macri reaccionó rápidamente con la intención de diferenciarse de la etapa de los Kirchner, y mostrar que él no tiene problemas en cortar cabezas. Gómez Centurión es un personaje controvertido, militar y excarapintada–el grupo que protagonizó varios alzamientos militares contra Raúl Alfonsin- pero es de absoluta confianza de Macri desde hace años, por lo que su destitución fue una decisión importante.

La caída de Gómez Centurión ha destapado una compleja red de comisiones, intrigas y negocios millonarios en las que parecen estar implicados elementos de los servicios secretos argentinos e incluso el espía más conocido del país, Jaime Stiuso, que saltó a la fama por ser la persona clave para dilucidar la muerte del fiscal Alberto Nisman, que sigue siendo un gran misterio más de un año y medio después.

Los fieles a Gómez Centurión sostienen que ha sido víctima de una trampa de esos grupos de los servicios secretos precisamente porque estaba intentando acabar con las mafias que operan en la Aduana. Y señalan que las escuchas que ha publicado la prensa argentina y que implican a Centurión están manipuladas para hundirle.

Macri mantiene la destitución pero le ha concedido el beneficio de la duda: le ha recibido en la Casa Rosada y le ha dicho que, si la justicia lo exonera, podrá recuperar su puesto. El caso ha removido la política argentina con el trasfondo preferido de todas las historias importantes de este país: la podredumbre de los servicios secretos. Ahora, con el añadido del tráfico de drogas que se ha convertido en uno de los principales problemas de Argentina, antes país de paso y cada vez más de producción.

La diputada Lilita Carrió, una aliada clave de Macri y conocida por sus denuncias contra la corrupción, ha pedido al presidente que directamente elimine la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los servicios secretos, que ya son fruto de una profunda remodelación y cambio de nombre.

La justicia está investigando a más de 70 personas por su posible vinculación con esta red en la Aduana que denuncia el propio Gómez Centurión, a su vez también escrutado. Él presume de haber bloqueado bajo su mandato de ocho meses casi 4.000 contenedores sospechosos por valor de más de 400 millones de dólares.

Un tercio del PIB

Elizondo, experto en la cuestión, explica la importancia de la Aduana —con su sede en uno de los edificios más espectaculares de Buenos Aires— en un país como este, exportador y proteccionista, con fuertes restricciones para importar todo tipo de productos y con los precios más altos de América Latina que hacen que el contrabando, el mercado negro y el lavado de dinero sean un enorme negocio.

“El año pasado pasaron por la Aduana 120.000 millones de dólares de exportaciones e importaciones. Es muchísimo dinero. Y ha caído mucho. En 2011, que fue récord, fueron más de 150.000 millones. Es un escenario donde está en juego un tercio del PIB del país”, explica.

“La evidencia empírica muestra que cuanto más restrictivo, más trampas. Y en los últimos años todo se limitó mucho, lo que ha generado más espacio para las operatorias irregulares”.

En la última etapa de Fernández de Kirchner se cerraron tanto las importaciones que era obligatorio asociarse con una empresa que exportara algo para poder importar otro producto del mismo valor. El comercio exterior cayó, pero el contrabando fue aún más fuerte por las restricciones. Y la tentación para corromper a las autoridades, mucho más intensa.

“En 2010, Argentina llegó a tener un comercio exterior que era el 40% PIB. En 2011 se empiezan a limitar importaciones y también, aunque menos, las exportaciones. Fue bajando y el año pasado ya era el 25% del PIB, aunque siguen siendo cifras muy altas. El país fue condenado en la Organización Mundial del Comercio por aplicar medidas limitativas de importaciones.

Ahora se ha desmantelado todo eso y se busca un sistema más institucionalizado y previsible”, sentencia Elizondo. Sin embargo, para que esa reforma profunda sea creíble, Macri tiene que aclarar si la persona que designó para controlar la Aduana y devolverla a la normalidad no se aprovechó para hacer grandes negocios. Es su primer gran escándalo y tiene que gestionarlo bien.

Los argentinos han visto tantas cosas que tienden a desconfiar de todo. Nuevas grabaciones secretas siguen apareciendo en los medios. El caso parece ideal para la pasión argentina por la teoría de la conspiración con unos servicios secretos que Kirchner no logró controlar y Macri parece que tampoco.

Para intentarlo ha colocado en su cúpula a Gustavo Arribas, cuyo recorrido profesional se concentra en la compra y venta de jugadores de fútbol —el presidente dirigió Boca Juniors durante 12 años—. Arribas es un amigo tan estrecho del presidente que es la persona a la que le ha alquilado su casa y le ha pedido que se la cuide mientras él vive con su familia en la quinta presidencial de Olivos. Ahora tiene la tarea de controlar a los todopoderosos espías argentinos.