Agrega que el presidente acaba de cumplir dos años al frente de un país que ya no carga con el título de más violento del mundo, aunque cada día asesinen a 14 personas.

Pero mientras Hernández dice que Honduras está saliendo de la “época oscura” en materia de seguridad, existen algunos cuestionamientos por las verdaderas cifras, críticas a la controvertida militarización y cierta incertidumbre por el éxito de la estrategia a largo plazo.

Discusión por las cifras

Para empezar hay quienes dudan de la exactitud de las cifras del gobierno.

“Honduras dejó de ser el país más violento en la faz de la tierra, quebramos la tendencia”, aseguró Hernández la semana pasada.

Según las autoridades, la tasa se redujo 20 puntos desde que Hernández asumió el poder en enero de 2014, desde los 75,1 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre de 2013 a los 56.7 actuales.

De acuerdo a cifras preliminares brindadas a BBC Mundo por el respetado Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 2015 se cometieron 5.018 homicidios, una tasa de 59.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Esto representa una disminución cercana al 10 por ciento con respecto al año anterior (68 homicidios por cada 100 mil habitantes). El descenso es aún más marcado en comparación con la tasa de 2011 (86.5).

La diferencia entre las cifras oficiales y las del observatorio se atribuye al número de población menor que utiliza el gobierno. Para algunos hay motivos para desconfiar.

“La manipulación es evidente”, asegura José Guadalupe Ruelas, director de la ONG Casa Alianza, al hacer referencia a que los reportes públicos, por ejemplo, dan cuenta de tres robos en la capital Tegucigalpa en 2015.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras asegura que los homicidios se redujeron 10 por ciento en 2015.

“Si esta es la forma en que el gobierno está contando la violencia, eso nos hace sospechar que el manejo de datos en tema de homicidios esté siendo submedido”, señala en conversación con BBC Mundo.

“No creo que las estén manipulando al punto de que la tendencia sea la contraria, pero no estoy seguro cuán grande haya sido la reducción”, le dice a BBC Mundo Mike Allison, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, quien lleva dos décadas dedicado al estudio de temas políticos y de seguridad en Centroamérica.

Las autoridades aseguran que “no hay motivos para dudar de las cifras” y que se manejan con “transparencia”, de acuerdo al teniente coronel José Santos Nolasco, vocero de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).

En las ciudades

Honduras también dejó de tener la ciudad más violenta del mundo, según el listado que cada año hace la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

Durante cuatro años, San Pedro Sula había ocupado el primer lugar como la urbe más violenta del planeta por promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2015 fue desplazada por Caracas.

Según el último ranking, con 3.946 asesinatos, la capital venezolana tiene un promedio de 119.97, mientras que en San Pedro Sula, con 885 homicidios, el promedio es de 111.03.

Las claves del éxito

Precisamente la Fusina, consideran en el gobierno, es una de las explicaciones para la reducción en la tasa de homicidios.

Creada apenas llegó Hernández al poder, quien dijo que haría lo que fuera necesario para combatir la inseguridad, cuenta con integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, además de agentes migratorios y de inteligencia.

Son en total unos 18 mil funcionarios, la mayoría policías y soldados, que “han permitido hacer un trabajo coordinado en materia de seguridad ciudadana, ha sido fundamental”, le dice Santos Nolasco a BBC Mundo.

Las autoridades aseguran que el trabajo en equipo permitió la reducción de la tasa de homicidios.

El portavoz rechaza que se trate de una “militarización” aunque en la práctica pocos dudan del creciente rol de las Fuerzas Armadas.

“Es producto de un trabajo en equipo”, apunta el vocero de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda.

En diálogo con BBC Mundo destaca el fortalecimiento de las instituciones, el mejor equipamiento y el mayor talento de los agentes que han hecho posible, por ejemplo, la captura de cabecillas de carteles del narcotráfico que luego fueron extraditados a Estados Unidos y la desarticulación de más de 170 bandas delictivas.

Hernández, de 47 años, desplegó en las calles a la Policía Militar de Orden Público y delegó en los militares las tareas de inteligencia policial y las operaciones antinarcóticos.

Con el aumento de la recaudación producto de la Ley de Seguridad Poblacional, que grava las transacciones bancarias con una tasa del 0.3 por ciento, por ejemplo, se incrementaron los fondos destinados al combate a la violencia.

Desde 2012 y hasta octubre de 2015, la tasa de seguridad le generó al Estado unos 400 millones de dólares, destinados en un 40 por ciento a la secretaría de Defensa, 17 por ciento a la de Seguridad y nueve a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

La tendencia a la militarización de las fuerzas de seguridad no comenzó con Hernández pero sí fue quien lo “institucionalizó”, le dice a BBC Mundo Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia.

Y los recursos adicionales permitieron una mayor presencia militar hasta alcanzar los más de 15 mil efectivos, cinco mil de ellos pertenecientes a la Policía Militar.

A ello hay sumarle 13 mil 500 policías y unos 120 mil guardias de seguridad privados, que sirven para dar una imagen del panorama al que se ven expuestos los 8.5 millones de hondureños.

Para el gobierno ha sido crucial, por ejemplo, la introducción el año pasado de los escudos aéreo, marítimo y terrestre que derivaron en una reducción del 70 por ciento del paso de droga por el país.

El territorio hondureño, con fuerte de presencia de grupos de narcotraficantes, es utilizado como puente para el envío de drogas a través del Caribe camino a Estados Unidos.

Sin embargo, el incremento en particular de la presencia militar en tareas que antes no realizaban ha generado cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad, que denuncian violaciones a los derechos humanos y excesos.

“El problema de los militares en las calles es que no están lo suficientemente preparados. Es más para disuasión que para la prevención de la violencia”, señala Ayestas. “Sean cuales sean las ganancias a corto plazo que podrían derivarse por el uso de los militares para realizar las funciones de policía, son generalmente perjudiciales en el largo plazo”, considera Allison.

El plan es que, de forma paulatina, los policías vayan tomando el rol asumido por los militares.

No sólo golpea la confianza de la institución policial, dice, sino que le quita recursos que podrían usarse para su fortalecimiento, y es “poco saludable para la democracia”. Las autoridades admiten que el plan es que, de forma paulatina, los policías vayan tomando el rol asumido por los militares, algo que llegó a ser recomendado por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas.

“Cuando la Policía Nacional se vaya fortaleciendo, se irá haciendo un proceso de transición, con menor número de personal de las Fuerzas Armadas en las tareas de prevención”, explica Sauceda, aunque los plazos para que ello suceda son por el momento inciertos.

Falta de visión “integral”

Ha habido de reportes de abusos y excesos por parte de las Fuerzas Armadas pero tanto autoridades como analistas coinciden en que se trata de “casos aislados”.

Sin embargo, los analistas remarcan que los militares no están “capacitados” para las nuevas tareas que les han asignado, le dice a BBC Mundo Omar Rivera, coordinador de la Alianza Paz y Justicia.

“Son incapaces de tratar con la gente, no tienen experiencia para poderse manejar en las comunidades y eso los lleva a cometer errores, excesos de la fuerza”, le dice a BBC Mundo. Pero el mayor problema, asegura, es la ausencia de una visión distinta en el combate a la inseguridad.

“No hay perspectivas de un accionar integral que involucre programas de prevención de violencia, mejoramiento de la capacidad de investigación criminal, ni la despolitización del Poder Judicial, que te podrían más resultados”, opina Rivera.

De lo recaudado por la tasa de seguridad, apenas el siete por ciento se destina a programas de prevención de la violencia. Para Rivera la receta “represiva” puede haber funcionado para bajar la tasa a 60, pero no servirá para seguir reduciendo los niveles de inseguridad.

En el terreno

El presidente hizo hincapié la semana pasada en que “ahora la gente sale de su casa, hay personas que salen a correr en las madrugadas, gente que anda caminando, haciendo ciclismo los fines de semana”.

Sin embargo, en la práctica, aseguran los expertos consultados por BBC Mundo, la sociedad hondureña aún no siente las mejorías en las estadísticas.

“La gente no percibe un cambio dramático. Es como que me digas que en la esquina de tu casa el fin de semana pasado hubo una masacre de nueve personas y que este fin de semana la masacre no fue de nueve sino de seis, ¿cuál es el cambio de percepción? ninguno”, señala Rivera.

Y mucha gente sigue buscando cómo huir del país. Durante el primer semestre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México registró un incremento del 59% en el número de solicitudes en comparación con el primer semestre de 2014.

Para Ruelas, director de Casa Alianza, no se están abordando a fondo las verdaderas causas de la violencia: ni los problemas de exclusión social y la pobreza, que alimentan el crecimiento de las maras (pandillas), ni la corrupción.

“Cualquier esfuerzo es insuficiente porque no se está creando tejido social. Para este gobierno es un problema de delincuentes y policías, no es un problema de desarrollo ni de oportunidades”, señala.

En Honduras todavía mueren asesinadas 60 personas por cada 100 mil habitantes, cuando para la ONU cualquier tasa superior a 10 se la considera una epidemia. “Ha habido voluntad política de colocar este asunto como prioritario, algo que antes no sucedía”, asegura Rivera, de la Alianza Paz y Justicia.

“Hay logros que son dignos de valorar”, añade cuando pocos años atrás 20 personas al día eran asesinadas, “pero todavía quedan retos importantes”. “No te puedes parar en el camino a recibir elogios cuando todavía tienes una descomunal tarea por delante”.