Buenos Aires. – La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner comenzó este martes a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por fraude, luego de que un juez accediera a su pedido de evitar la prisión en un caso que puso fin dramáticamente a su carrera de dos décadas.
La semana pasada, la Corte Suprema confirmó la condena de la mujer de 72 años por “administración fraudulenta” mientras era presidenta, junto con su prohibición de por vida de ocupar cargos públicos.
Desde el fallo, los partidarios de la polarizadora izquierdista, que ha liderado la oposición a las políticas de austeridad del presidente Javier Milei, han estado realizando una vigilia afuera de su casa en Buenos Aires, aumentando los temores de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad si fuera encarcelada.
Su movimiento peronista de izquierda y sus sindicatos habían convocado grandes manifestaciones de solidaridad para el miércoles.
Aunque todavía se esperaban algunas protestas, el riesgo de disturbios pareció disminuir después de que un tribunal federal dictaminó que Kirchner podía cumplir su sentencia en su casa con un dispositivo de vigilancia electrónica.
El tribunal agregó que la condena de Kirchner comenzó a regir este martes y le ordenó “abstenerse de cualquier conducta que pueda perturbar la paz del barrio y/o perturbar la convivencia pacífica de sus vecinos”.
Se le permitirán visitas limitadas, principalmente de familiares, abogados y médicos.
Su equipo legal acogió con satisfacción la decisión de evitarle la ignominia de ser arrojada tras las rejas.
Kirchner saltó a la fama como parte de una pareja de poder político con su difunto esposo Néstor Kirchner, quien la precedió como presidente.
Tras dos mandatos al mando entre 2007 y 2015, ejerció como vicepresidenta entre 2019 y 2023 en la última administración de centroizquierda antes de que Javier Milei asumiera el poder.
Reverenciada por la izquierda y vilipendiada por la derecha, afirmó que el caso en su contra era un complot político para poner fin a su carrera y desentrañar su legado de proteccionismo económico y generosos programas sociales.
Sus partidarios señalaron evidencia de vínculos estrechos entre algunos de los jueces que la condenaron en tribunales inferiores y uno de sus archienemigos, el ex presidente de centroderecha Mauricio Macri.
Sin embargo, muchos argentinos creyeron que su condena por la adjudicación de licitaciones de obras viales a uno de sus socios comerciales fue justa.
Es la segunda ex dirigente desde la transición de Argentina de la dictadura a la democracia en 1983 en ser condenada a prisión después de Carlos Saúl Menem, condenado por tráfico de armas.
Menem nunca cumplió pena de cárcel porque tenía inmunidad como senador.
Con información de AFP
