Tegucigalpa
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, expresó este viernes que el cierre de la Dirección Ejecutivo de Ingresos (DEI) y la creación de un nuevo ente recaudador de tributos, no es algo improvisado sino algo en lo que se viene trabajando desde hace dos años ya que “estamos aquí para gobernar y gobernar significa tomar decisiones”.
Arguyó que desde hace varios años se viene manejando de manera reiterada el problema del cobro de los impuestos y todo mundo habla de mafias a lo interno, de injusticias, de mordidas y se toma una medida radical que se venía pidiendo y ahora los malos de la película son quienes toman la medida.
Añadió que en ese caso, se ha tratado de actuar con la mayor justicia, la mayor objetividad buscando dos objetivos, uno eficientar la labor del ente recaudador de impuestos en el país y segundo, hacerlo en el ámbito de la justicia y la transparencia.
“Hay que reconocer que no es un hecho improvisado, se ha venido trabajando en los dos últimos años con organismos internacionales y la otra cosa que tenemos que entender, es que ahora el componente tecnológico ha aumentado y tenía personal sobredimensionado y ahora con el apoyo de nuevas formas de tributar, ya no se tramita personalmente, ahora se paga directamente en los bancos, se hace una declaración jurada, se hace la investigación para ver si está de acuerdo, si es lógica, si es coherente para cerciorarse que está pagando correctamente sus impuestos”, arguyó.
Aclaró que este es un proceso y no un suceso que tiene que tomar su tiempo, tampoco también puede el Poder Ejecutivo estar abriendo tantos frentes de manera simultánea.
Consultado sobre otras dependencias que serán cerradas o intervenidas, argumentó que lo importante es ir rompiendo paradigmas. “Nosotros estamos aquí para gobernar y gobernar significa asumir responsabilidades y el verdadero estadista no es el que piensa en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones y si eso nos cuesta algún redito político yo creo que por el bien del país estamos dispuestos a asumirlo”, puntualizó.
Caso Berta Cáceres
Respecto a la petición de 60 congresistas estadounidenses que ha pedido al secretario de Estado, John Kerry, congelar la ayuda militar a Honduras por el asesinato de la dirigente indígena y ambientalista, Berta Cáceres, Oliva manifestó que este es un acto recurrente de grupos que se identifican con organizaciones no gubernamentales de izquierda.
Refirió que el asesinato de Berta Cáceres es un acto que afecta al pueblo hondureño en general y la entidad más interesada en aclararlo es el Estado. “Al final, no es al Estado hondureño que le hacen el daño, sino que esto repercute en toda la población a través del financiamiento internacional”, acotó.
Ejemplificó el caso del Banco Holandés que actúa en el campo privado y que ha decidido retirarse temporalmente mientras no haya una respuesta que aclare el caso de manera concluyente.
“Yo sí sé que los organismos de seguridad del Estado están trabajando intensamente con el apoyo de la cooperación internacional para que al final de cuentas presentar el caso de tal manera que sea irrefutable”, aseveró.
Respecto a este caso, Oliva pidió tener confianza y calma ya que la investigación está en secretividad y por su complejidad no puede estar todos los días en los medios de comunicación dando los avances y al final de cuentas con o sin ayuda internacional se tendrá que resolver porque esa no debe ser una condicionante para hacer lo que se tenga que hacer.
“Yo no quiero pensar que haya una coyuntura en la cual algunos sectores políticos quieran aprovecharse, me parece que no sería ético, me parece que sería injusto incluso que a la señora difunta se le utilizase de esa manera, quiero pensar que se trata de una solidaridad que nace del corazón de las personas que se han manifestado y que tienen el sagrado derecho de hacerlo, en paz, en tranquilidad y encadenados todos con diferentes visiones, pero al final de cuentas todos queremos la verdad y la justicia”, expresó.
Ley de protección y la MACCIH
Interrogado sobre la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aclaró que la misma es un insumo más, pero no una solución mágica, igual se asesina a médicos, abogados y esos casos no necesariamente estén ligados al ejercicio de su profesión y en ese sentido, recomendó que “anden en buenos pasos, hagan su buena labor, pero no se compliquen con otras situaciones que se pueden tornar difíciles y no relacionadas con su trabajo”.
Sobre el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), reiteró que ese acuerdo suscrito entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene que estar apegado a la legislación hondureña al tiempo que subrayó que el país no tiene inmunidad ni el presidente de la República, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni ninguno de los diputados al Congreso Nacional y en ese sentido, la Constitución no reconoce privilegios para nadie.
Por otro lado, al aludir el reciente fallo del pleno de la CSJ, donde declaró por unanimidad como inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, indicó que ahora compete al Poder Judicial que tiene iniciativa de ley en el ámbito de su competencia, enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley al respecto y luego compete al Poder Legislativo, analizarlo, aprobarlo o modificarlo.