Un juez boliviano ordenó el viernes el arresto del expresidente Evo Morales por su presunta relación con una adolescente mientras estaba en el cargo, lo que aumenta las apuestas en el enfrentamiento que ya lleva meses con el exlíder.

El juez de la ciudad sureña de Tarija pidió la detención de Morales, de 65 años, después de que el primer presidente indígena de Bolivia se saltara por segunda vez una audiencia sobre su posible prisión preventiva.

La sentencia, que fue transmitida por la televisión estatal, también incluyó la congelación de los activos de Morales y la prohibición de salir del país.

Morales, quien surgió de la extrema pobreza para convertirse en uno de los líderes más longevos de América Latina , criticó más tarde el viernes a quienes “me persiguen y me condenan en un tiempo récord”.

En una publicación en X, dijo que el proceso legal era “parcial y servil” al gobierno del presidente Luis Arce, otrora aliado pero ahora su principal rival político. 

“Mis acusadores no buscan justicia, quieren banearme y eliminarme antes de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia”, dijo Morales.

El caso ha llevado a miles de partidarios del ex líder a las calles en los últimos meses para protestar contra la investigación.

Morales está acusado de haber entablado una relación con una adolescente de 15 años mientras era presidente en 2015 y de haber tenido un hijo con ella al año siguiente, afirmaciones que no ha confirmado ni negado.

Los fiscales lo acusan de trata de personas bajo la creencia de que los padres de la niña la inscribieron en la guardia juvenil del movimiento político de Morales cuando era presidente “con el único propósito de ascender en la escala política y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”.

Los cargos conllevan una pena de entre 10 y 15 años de prisión, según la fiscal Sandra Gutiérrez.

‘Absolutamente forzado’

El padre de la niña se encuentra en prisión preventiva desde octubre.

La audiencia sobre el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía estaba prevista originalmente para el martes, pero el expresidente no se presentó porque sus abogados alegaron que sufría problemas de salud.

El viernes, el juez rechazó los informes médicos para seguir adelante con la audiencia en ausencia de Morales.

El abogado del expresidente, Nelson Cox, criticó el proceso judicial como “absolutamente forzado” y dijo a los periodistas que “no hay víctima” ya que el implicado no le ha acusado de trata.

 Aunque se conoce el paradero de Morales, la policía no ha ejecutado la orden de captura emitida por la Fiscalía.

‘Con nuestras vidas’ 

Morales afirma que las acusaciones son parte de un complot de Arce para evitar que regrese a la política.

Afirma que está siendo perseguido por el poder judicial y dice que una investigación sobre las mismas acusaciones en 2020 fue desestimada por falta de pruebas.

En aquel momento se le investigaba por estupro, o por mantener relaciones sexuales con una menor, pero esta vez el caso se centra únicamente en la sospecha de trata de personas.

Sus partidarios han rodeado su bastión político para intentar evitar su arresto.

“Lo repito, si tenemos que defender (a Morales) con nuestra vida lo vamos a hacer”, dijo a la AFP Vicente Choque, dirigente del sindicato CSUTCB.

Desde mediados de octubre, el campamento pro-Morales bloqueó las carreteras hacia la región de Cochabamba, el granero de Bolivia, durante 23 días, causando una escasez generalizada de alimentos y combustible.

La negativa de Morales a renunciar al poder en 2019 después de dos mandatos condujo a una salida tumultuosa que ensombreció casi 14 años de progreso económico y reducción de la pobreza.

Obligado a dimitir tras unas elecciones manchadas por el fraude, se exilió en Argentina, regresando a su país un año después.

A pesar de que los tribunales bolivianos le prohibieron postularse a un tercer mandato, aspira a la nominación del partido de izquierda MAS en las elecciones presidenciales de agosto de 2025.

Con información de AFP